Tanhuato: otra versión oficial que se desmorona
| Autor | Patricia Davila |
De acuerdo con la Recomendación 4VG/2016 dada a conocer el jueves 18 por el ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez y el primer visitador Ismael Eslava Pérez alrededor de las 15:00 horas, aquel día fueron ejecutados 22 civiles de manera arbitraria; se sembraron armas a 13 víctimas, otros sufrieron quemaduras cuando aún estaban con vida, y hubo tortura física y psicológica.
Según el documento, entre las 6:00 y las 7:00 horas del 22 de mayo de 2015, 41 elementos de la PF ingresaron de manera sigilosa al Rancho del Sol y, tras asegurar a las personas que resguardaban la entrada, iniciaron el operativo. La recomendación contradice la versión de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJEM), según la cual los hechos ocurrieron entre las 8:00 y las 8:30 horas.
Asimismo, se observó que seis cuerpos estaban descalzos y con el torso descubierto; 11 se encontraban descalzos, uno tenía el torso descubierto y otro vestía sólo una trusa, lo cual permitió establecer que las personas estaban dormidas cuando se inició el operativo.
En ese evento perdió la vida un elemento de la PF y otro resultó lesionado, por lo que uno de los mandos solicitó refuerzos. Al lugar se desplazaron 54 agentes de la corporación. El helicóptero artillado arribó a las 8:30 horas y el operativo concluyó entre las 9:00 y las 9:45 horas, aproximadamente.
Personal de la PGJEM que practicó las diligencias ministeriales ingresó al Rancho del Sol a las 13:40 horas. Por lo tanto, durante cuatro horas el inmueble fue resguardado por la PF.
Además de la falta de veracidad en los informes de la corporación, la CNDH acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles.
La CNDH se allegó las pruebas químicas practicadas, los elementos balísticos, la posición en que se encontró cada cadáver, el número de lesiones por proyectil de arma de fuego, la posición víctima-victimario y los protocolos de necropsia practicados por peritos de la PGJEM. Los expertos de esta institución determinaron que las 22 personas ejecutadas arbitrariamente recibieron disparos a una distancia mayor a 90 centímetros.
La distancia no es el único elemento para determinar la existencia de una ejecución arbitraria; según la recomendación, 22 víctimas presentaban una posición de desventaja con respecto a sus agresores: 13 se encontraban de espaldas a ellos; en cinco casos el disparador se encontraba en un plano superior-en el helicóptero que arribó al lugar-, en uno más la...
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