El "tamaulipazo", hacia otro ridículo
| Autor | José Gil Olmos |
Fue a raíz de una infidencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que el gobierno federal terminó por admitir que desde 2009 comenzó a investigar a los exmandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarring-ton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado.
Las indagatorias que implican a los tres antecesores del gobernador Egidio Torre Cantú incluyen los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, así como el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.
Apenas se conoció la noticia, la dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial Enrique Peña Nieto declararon que se trata de una declaración de guerra. El propósito, dijeron, es minar las posibilidades del partido de recuperar la Presidencia de la República; incluso advirtieron que es posible que haya más denuncias de este tipo contra otros priistas.
Eugenio Hernández Flores insiste en que se trata de golpes mediáticos que pueden poner en riesgo la elección presidencial. Asegura que no sólo enrarecen el ambiente político, sino que buscan polarizar más a la sociedad y desestabilizar el país, afectado ya por la violencia exacerbada y el narcotráfico.
No obstante la reacción del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a los tres exmandatarios desde hace años por actos de corrupción, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas.
Asimismo, reportes obtenidos por este semanario indican que en Estados Unidos se comenzó a investigar a Yarrington Ruvalcaba en 2002, cuando aún era gobernador, por su presunta participación en un negocio con Osiel Cárdenas Guillen, líder del cártel del Golfo (Proceso 1397).
El lunes 30 de enero por la mañana, varios medios informaron sobre un oficio que la PGR remitió el día 13 a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para comunicarle que los tres exmandatarios priistas y alrededor de 50 allegados suyos y familiares no podían abandonar el país.
Jaime Carranza, comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, envió el 30 de enero un escrito al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que solicitaba su apoyo "para no autorizar la salida del país a los ciudadanos incluidos en el oficio de la PGR".
Al día siguiente, Carranza fue destituido por el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, por "extralimitarse en sus funciones", pues la orden no era impedirles la salida del país, sino sólo reportar sus entradas y salidas.
Horas después, la PGR confirmó que Cavazos, Yarrington y Hernández estaban siendo investigados por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, en...
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