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Subterráneo / Operativos ilegales

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Vincent

El 24 septiembre de 2003, cuando la SSP empezó con la tontería del alcoholímetro, escribí en esta columna lo siguiente: "Es anticonstitucional instalar retenes para medir el grado de alcohol que tengan en la sangre los conductores de vehículos, aunque lo prevea el artículo 99 del Reglamento de Tránsito del DF. Y es anticonstitucional también que aquellos que exceden de los límites fijados en el artículo 100 del mismo reglamento tengan que permanecer arrestados en vez de pagar una multa".

En apoyo de mi afirmación di las siguientes razones: "A petición del ejecutivo capitalino los artículos 99 a 103 del Reglamento de Tránsito fueron reformados para darle apariencia legal a lo que están haciendo. Las reformas, sin embargo, contradicen a la Constitución. Un ejemplo: el artículo 102 del reglamento citado señala que el conductor que exceda de los límites de alcohol señalados en el artículo 100, será castigado con "arresto administrativo inconmutable de 12 a 36 horas". El reglamento anterior establecía dos posibilidades: multa o, en caso de que no se la cubriera, el arresto respectivo. Y esto es precisamente lo que ordena la Constitución en su artículo 21: "Compete a la autoridad administrativa la sanción por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, los que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas, pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas". Al fijar el arresto como única sanción posible, el reglamento capitalino contradice a la Constitución".

La anticonstitucional reforma tuvo origen en un capricho de quien era en ese entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard. Resulta que a fines de julio de 2003 un conductor ebrio arrolló a un policía que estaba de pie junto a un auto sin luces. Ebrard dijo que no iba a permitir que sucedieran tales cosas y consiguió que el jefe de gobierno enviara a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma para lograr que el arresto fuera inconmutable y, desde entonces, los fines de semana se instalan en la ciudad los retenes de sobriedad y se aplica el alcoholímetro.

NOVEDADES

En los dos años y meses que tiene de aplicarse este operativo, varios miles de personas han solicitado el amparo de la justicia, pero sólo hasta hace unos días, el pasado 14 de diciembre, un juez federal, Humberto Suárez Camacho, señaló que la medida es anticonstitucional.

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