Sobornos y torturas atrás de la "verdad histórica"
| Autor | Anabel Hernández |
Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) accedieron a que se recurriera a la tortura -y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios-para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esto se revela en expedientes judiciales -de los cuales se tiene copia- y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual -amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación-para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.
A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.
La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ante las "serias" acusaciones de "detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes" por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la información recabada por la reportera, las víctimas fueron ocho presuntos miembros de Guererros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la región; Gildar-do López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y Cocula: Verónica Bahe-na Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez.
Casarrubias denunció ante el juez segundo de Distrito en Materia de Procesos Federales en el Estado de México, Carlos Alberto Sosa López, la tortura y amenazas en su detención, prácticas que Tomás Ze-rón, según el denunciante, avaló para obligarlo a firmar una confesión prefabricada por la PGR.
Semanas después -afirmó ante el juez en su ampliación de declaración en la causa penal 84/2014, rendida el 25 de febrero de 2015-, el entonces procurador Jesús Mu-rillo Karam le ofreció 66 millones de pesos para que le dijera dónde estaban los estudiantes; de no hacerlo, lo amenazaba con que lo iba "a refundir por 80 años en una celda solo". Para la ONU, el testimonio de tortura y agresiones sufridas por Casarrubias es creíble, luego de hacerle entrevistas y valoraciones psicológicas.
"Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos ni sobre el carácter arbitrario o no de la detención, quisiéramos expresar nuestra seria preocupación acerca de la detención, tortura, incluida sexual, y la restricción al derecho de defensa sufrido por el señor Casarrubias Salgado", se afirma en la carta enviada el 25 de febrero de 2015 a Jorge Lomónaco, embajador y representante de la misión...
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