Jesús Silva-Herzog Márquez / Reformas sin argumentos
| Autor | Jesús Silva-Herzog Márquez |
Los poderes públicos no son, en democracias, meras palancas de decisión. Deben ser acción, pero también argumento. Por ello, los espacios parlamentarios no son simples fábricas de leyes: son el ámbito esencial de la deliberación. Se legisla debatiendo.
Antes de promulgar es necesario ofrecer razones. No es que el poder legislativo sea un foro científico donde la verdad termina imponiéndose naturalmente como creyeron, con ingenuidad, algunos liberales. La mayoría manda. Pero aún la mayoría debe pasar la prueba del argumento.
Toda norma general necesita descansar en una plataforma de racionalidad. La instrucción del líder, el favor a un grupo, el beneficio de unos cuantos no podría pasar la prueba de la discusión en público. Si la democracia encuentra justificación más allá de la aritmética es por ser un resguardo racional contra la arbitrariedad.
El Congreso mexicano ha dedicado sus sesiones recientes a discutir una reforma política. Se han considerado una serie de propuestas para modificar importantes reglas constitucionales. Cambios que se insertan en una nueva etapa. Empezamos a dejar atrás el debate electoral para debatir la mecánica democrática. ¿Cómo combinar una mayor representatividad con mejor gobernación?
La reforma aprobada recientemente por la Cámara de Diputados tiene elementos de mucho valor. Se modera el imperio de los partidos políticos insertando en nuestro régimen mecanismos de acción política por fuera de esas cápsulas. Podrán iniciarse leyes fuera del Congreso, podrán presentarse candidaturas sin el patrocinio de un partido político. Los grupos parlamentarios, por otra parte, no podrán seguir refrigerando iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin siquiera presentarlas a votación.
El bloqueo de las propuestas presidenciales ha sido muy barato para las oposiciones. La propuesta se archiva y nada pasa. Con la reforma reciente los partidos políticos no tienen ninguna obligación de aprobar los proyectos del Ejecutivo, pero tendrán el deber de pronunciarse públicamente sobre ellas. Si se rechaza una propuesta preferente, tendrá que hacerse mediante una votación en la que los legisladores expresen públicamente sus razones.
No se aprobaron dos medidas que concentraron la atención pública: la reelección inmediata de legisladores y la revocación del mandato. Lamento el rechazo a la primera propuesta y celebro la derrota de la segunda.
La reelección habría tenido beneficios para el funcionamiento de la democracia que superarían sus...
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