IniciativasDel Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.Ver Sinopsis Español:Propone reformar el párrafo segundo del artículo 102; y adicionar un Apartado B al artículo 109 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello se propone establecer el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, organismo dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena jurisdicción.Se propone que el Tribunal se integre por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo. Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, dos suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares. El Senado de la República podrá destituirlos, conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de la Constitución.El Congreso de la Unión, emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.El Tribunal tendrá la facultad de conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal; será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones.
Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo |
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS ALTRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PÚBLICOQuienes suscriben Senadores
Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS ALTRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PÚBLICO,con base en la siguiente:ANTECEDENTESLa supervisión y fiscalización es un requisito de las democracias modernas, sin embargo, en México sigue como una deuda, la publicación de la Cuenta Pública 2012, evidencia un lastre para la consolidación de nuestras finanzas públicas y el ejercicio honrado de los impuestos de los contribuyentes en obra pública, en generación de empleo y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.El pasado 20 de febrero de 2014, el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal, presento en la Cámara de Diputados el informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012. El Auditor General anuncio de que presentaran 147 denuncias de hechos, por irregularidades en el ejercicio del gasto federal del 2012 por alrededor de cuatro mil 300 millones de pesos, del total 43 denuncias corresponden a recursos con subejercicios, desviados o no utilizados por las entidades federativas o municipios, y 104 a dependencias públicas. De ellas, se desprendieron 4 mil 347 acciones correctivas. Se elaboraron de ese total mil 768 pliegos de observaciones, mil 768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso a la Cámara de Diputados instituir la figura de un tribunal de sanciones para asegurar que se apliquen castigos al desvío de recursos públicos, pues aun cuando por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2012 se presentaron 147 denuncias de hechos, es el Ministerio Público Federal (MPF) el que debe decidir si hay una penalidad.En la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que el principal problema en el ejercicio del gasto público es la forma en que los gobiernos de los estados ejercen el presupuesto. Agregó que las administraciones locales aluden como pretexto para el desvío de recursos su debilidad financiera y ejemplificó con un dato relevante, pues en contraste con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores estatales únicamente reportaron probables recuperaciones por 509 millones de pesos de fondos federales, 21 veces menos que lo encontrado por el órgano fiscalizador que encabeza, por un monto de 10 mil 915 millones de pesos.De la Cuenta Pública 2012 sobresale las siguientes observaciones:*En
materia de saludel seguro popular objeto irregularidades por el 23.2% de su presupuesto por medio de operaciones financieras no registradas, transferencias indebidas a diversas cuentas bancarias, subejercicios y la compra de medicamentos a precios superiores a los de referencia. *En
materia de aprovechamientos y de ingresosno petroleros y no tributarios,
no fue posibledeterminarel
origende
40 mil 771 mdpagrupados en el rubro de otros, la
Secretaría de Haciendasólo informóel destino de
28 mil 789.8 mdpque representan
14.1%de los ingresos excedentes de 2012, respecto de los. *En
materia de deuda subnacionalel informe indica que las obligaciones financieras de los estados que
superanel
porcentajepreocupantementelos recursos federales obtenidos son,
Coahuila con298.5%,Quintana Roo con 235.6%y
Nuevo León con208.3%, situación sumamente preocupante para las finanzas públicas. *Las entidades federativas como
Veracruz, Nayarit, Distrito Federal, Sonora, Michoacán, Baja California y Jalisco, así como Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo, y Nuevo León,
enfrentaron serias restricciones económicas y financierasen razón, de sus elevadas tasas de endeudamiento. *En
materia deseguridad públicala opacidad afecto en algunos casos hasta el 39% de los fondos destinados para tal efecto en situaciones como,
transferencias indebidas,adquisiciones suntuariase
incumplimiento de responsabilidadesa
nivel Federaly
estatal. *En
materia de justicia penal,al menos
3 millones 922 mil 900 pesoses la
afectaciónpor la
s irregularidadesen el manejo del subsidio para el nuevo sistema penal, el informe indica que la Secretaría técnica de coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal (SETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
no cuenta con información confiable, suficiente y objetivaque permita conocer y verificar si la entrega del subsidio que se hizo a cada entidad del país corresponde a su nivel de avance.
*
En cuanto a la administración Federal se ignora el destino de 285 mil mdpque formaron parte del endeudamiento de
2.2 billonesde pesos registrado por la administración del sexenio pasado, el informe señala que del empréstito
1.5 billonesse utilizaron para pagar el
costo de la deuda, de los
726 mil 435millonesrestantes,
441 mil 332 millonesse utilizaron para cubrir el
déficitpresupuestario y de
la cantidad restante se desconoce. *La SHCP dejo de captar
769 mil 448 millones, debido a
estímulos fiscales impuestos especiales y beneficios tributarios, cifra que representa la mitad de la recaudación total que ascendió a un billón 516 mil 950 millones de pesos. Distribuyéndose lo que se dejo de percibir de la siguiente forma: a) IVA 235 mil 177; b) Impuestos especiales 176 mil 890; c) ISR empresarial 143 mil 318; d) ISR de personas físicas 128 mil 786; e) IETU 73 mil 15, y f) Estímulos fiscales 12 mil 265.
Diagnóstico de la fiscalización: Fragmentación y omisiónEl sistema de gasto, fiscalización y de sanción...
