Sedena oculta información sobre Tlatlaya y Ayotzinapa
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dispuesta a rendir cuentas. De nada y a nadie. Su titular, el general Salvador Cienfuegos, sólo habla con el presidente de la República. Ni el Congreso, ni el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), incluso la Procuraduría General de la República (PGR) y mucho menos los ciudadanos merecen respuesta sobre las graves actuaciones del Ejército.
Los requerimientos de información a la Sedena para esclarecer la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se han topado con la muralla del Ejército.
Las comisiones especiales creadas en la Cámara de Diputados han sido desdeñadas, el IFAI apenas ha logrado alguna información descontextualizada y hasta ha sido cuestionado por la Sedena, mientras que la PGR ha tenido que integrar sus averiguaciones con lo que el Ejército ha querido entregar.
La muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos de efectivos militares, en junio de 2014, y la actuación del Ejército ante la detención y desaparición de los 43 normalistas por policías municipales de Iguala hace medio año, se han traducido en inútiles exigencias de transparencia.
En medio de la presión internacional al gobierno de Peña Nieto, la Cámara de Diputados creó el 30 de septiembre pasado la comisión especial sobre el caso Tlatlaya, y una semana más tarde, el 7 de octubre, la de Ayotzinapa. Medio año después, y a un mes de que acabe el último periodo ordinario de la actual LXII Legislatura, ambas comisiones quedaron en el olvido.
Las dos instancias fueron inoperantes por la apatía de la mayor parte de sus miembros y la falta de información a la cual las sometió la Sedena. Cada una tuvo un solo encuentro con los mandos del Ejército. Como representantes del Poder Legislativo, no fueron capaces de que la cúpula castrense se presentara ante el Congreso. Tuvieron que ir a las oficinas de la Defensa Nacional para recibir lo que los militares les quisieron dar.
El 12 de noviembre, la Sedena le dio audiencia a la comisión del caso Tlatlaya, diseñada sólo para coadyuvar en las investigaciones. A esa reunión ni siquiera asistió el general secretario. Tampoco fueron todos los diputados, sólo cuatro de ocho: Elena Tapia Fonllem, del PRD; Ricardo Fidel Pacheco, del PRI; Alberto Díaz Trujillo, del PAN, y Loretta Ortiz Ahlf, del PT.
Faltaron la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, ahora con licencia y reintegrada como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila luego de su candidatura anecdótica para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la diputada Zuleyma Hui-dobro, de Movimiento Ciudadano; René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza y nieto de la exjefa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, y el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, también con licencia.
El general secretario Cienfuegos mandó sólo a generales brigadier, ninguno de brigada y mucho menos generales de división. El grupo estuvo encabezado por el procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos, y el coordinador de...
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