Y en San Lázaro, las truculencias del PRI
| Autor | Jesusa Cervantes |
La exigencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que se legalicen las operaciones militares contra el crimen organizado, puso en aprietos a la Cámara de Diputados:
La llevó a trabajar de última hora en dictámenes impuestos por el PRI y sus aliados, a que éste reculara ante su división interna e intentara albazos que permitieran suspender las garantías individuales, a sacar del cajón el mando mixto policial y finalmente a que el tricolor estableciera un trueque legislativo con el PAN, mismo que se verá reflejado en el periodo de sesiones de febrero próximo, cuando se espera tener la Ley de Seguridad Interior, la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y las normas contra la trata y la tortura.
Consecuencia de la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto se vio obligado a "presionar" desde la Secretaría de Gobernación la creación o modificación de cinco leyes que tienen como fin último dar soporte a la de Seguridad Interna. Contrarias entre sí en algunos casos, la premu- ra evidenció "la simulación" del gobierno de Peña Nieto.
Su urgencia por dar a las Fuerzas Armadas las herramientas para que sus integrantes no sean procesados por violaciones a los derechos humanos hizo evidente, en un desaseado proceso legislativo, que al gobierno le interesa "la estética internacional", maquillar las cifras de tortura, que no se hable de "víctimas" sino de "afectados", que se cierre el paso a peritos internacionales y que no se reconozca la existencia de "desplazados internos forzados", pues esto último, dice el gobierno a los legisladores, "sólo ocurre en países con guerras internas, y en México eso no está sucediendo".
Señalan lo anterior los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Na-hle y Clemente Castañeda, respectivamente; así como Araceli Damián, de Morena, de la Comisión Especial de Trata; y Cristina Gaytán (PRD), de la de Derechos Humanos.
Coinciden en que la Ley de Seguridad Interna es una forma de ceder a la presión de los militares y que sin la reglamentación del Artículo 29 constitucional -que amplía las facultades del Ejecutivo para determinar cuándo el país está en riesgo y suspender garantías- no se entendería aquella.
Sostienen que sin la guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, no habría necesidad de una Ley de General de Víctimas, una contra la tortura, otra contra la trata de personas y un más que establezca un mando mixto de policía.
Proceso legislativo violado
La inercia de la guerra calderonista llevó al gobierno de Peña Nieto a promover la Ley General de Víctimas en 2013 y, ante la fallida modificación a la Ley de Seguridad Nacional durante el último trienio del panismo, a impulsar la reglamentación al Artículo 29 constitucional, sobre suspensión de las garantías individuales en tiempos de guerra.
La primera fue avalada por el Senado, mientras que la reglamentación del Artículo 29 se quedó en el cajón legislativo; lo mismo sucedió...
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