Los retos del Tribunal Electoral
| Autor | Jesús Cantú |
Su actuación jurisdiccional, que es la verdaderamente importante, ha sido gris, como gris es la trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial de su nuevo magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, quien ya tiene más de seis años como magistrado electoral y no hay una sentencia memorable que haya surgido de su ponencia o que haya contribuido a establecer jurisprudencia trascendente.
Luna Ramos, al igual que la mayoría de los magistrados que integran el actual tribunal, se ubica en la corriente de los formalistas, quienes hacen una lectura textual de la legislación y relegan su interpretación sistemática y funcional, así como el apego a los principios constitucionales o universales del derecho.
Los casos más comentables de este tribunal han sido de impacto negativo, como la sentencia mediante la cual exoneró a los diputados federales del PVEM de cualquier irregularidad al utilizar recursos propios para difundir propaganda de su supuesto informe legislativo; o la sentencia sobre la sopa de letras difundida por el PAN, en la que prácticamente cancela la posibilidad de criticar la gestión de un gobierno.
En contraste, a las sentencias del anterior tribunal se deben algunos avances en materia electoral, posteriormente plasmados en la legislación; como son el haber levantado los secretos fiscal y bancario para los efectos de la labor de fiscalización del IFE, y el procedimiento especial sancionatorio.
Hubo otras, que siguen guiando la actuación de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, y que no fueron plasmadas en la ley porque afectan directamente los intereses de los partidos políticos, como la denominada culpa in vigilando, que permite sancionar a los partidos por no impedir o denunciar oportunamente actos ilegales realizados por sus militantes o por terceros; o la causal abstracta de nulidad; o la exigencia de que los partidos políticos respeten los principios democráticos en sus estatutos.
Ese compromiso y decisión parecen ausentes en el nuevo tribunal, que enfrenta el gran reto de establecer reglas y criterios claros para garantizar la equidad en la próxima contienda. Éste fue el principal sentido de la última reforma al acotar los tiempos para la realización de precampañas y campañas, el acceso a los medios electrónicos de comunicación, y la promoción personalizada de los gobernantes.
En ninguno de estos tres ámbitos hay elementos y criterios que permitan a los actores políticos tener claridad de los límites...
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