El retorno de la criminalización
| Autor | Javier Sicilia |
Para los gobiernos, esas presencias son la muestra absoluta del fracaso y la violencia del Estado. Por ello las desprecian y las criminalizan. No fue otra cosa lo que hasta marzo de 2011 hizo el gobierno de Calderón ante los reclamos del dolor. "Si sus parientes están muertos o desaparecidos, algo habrán hecho". "Son criminales y se están matando entre ellos". "Eso les sucede por andar en malos pasos". Una manera de decir: "Ustedes no nos importan; sus muertos y desaparecidos son para nosotros basura, cucarachas, piojos, vida prescindible como las de ustedes que nos lo reclaman".
En marzo de 2011, la masacre de siete personas en Morelos revirtió la perversión. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) recorrió el país dando voz a las víctimas de la violencia. Un pueblo inmenso de reuenants tomó las plazas públicas del país y de Estados Unidos para contar sus historias. Por vez primera, después de cinco años de muerte, criminalización y silencio, las víctimas hicieron oír lo que nadie quería oír. Eran cientos de Primos Levi y Jorges Semprún contando desde los templetes el horror silenciado, acusando al Estado y a la nación de esa inmensa responsabilidad y proponiendo una ruta de justicia y paz. Por un momento el Estado, los gobiernos y sus par-tidocracias parecieron reconocer la deuda. El propio Enrique Peña Nieto no sólo promulgó la Ley General de Víctimas y creó la Comisión para atenderlas (CEAV), sino que creó también una unidad especializada dedicada a la búsqueda de desaparecidos. Lentamente, sin embrago, a fuerza de nuevas masacres, desapariciones e incapacidad en la tarea de hacer justicia, el regreso a la criminalización de las víctimas se ha ido instalando de nuevo entre nosotros.
Dos de los últimos crímenes, después de los de Tlatlaya y Apatzingán, donde las víctimas fueron abusivamente criminalizadas, lo muestran de manera aterradora: los asesinatos de Rubén Espinosa, Nadia Vera y tres mujeres más en el DF, y el descuartizamiento de dos mujeres en Temixco, Morelos. El primero, las autoridades han querido reducirlo a un crimen por robo en el que las víctimas tuvieron la culpa por juntarse con sus victimarios y dejarlos entrar en su departamento. Ni la violencia brutal con la que las torturaron ni las amenazas que dos de ellas recibieron de parte del gobierno de Javier Duarte -uno más de los gobernadores criminales consentidos del Estado- han servido de nada.
En el segundo caso, las autoridades decidieron...
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