Otra Reforma Ilegal de la 4T

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Otra Reforma Ilegal de la 4T
Editorial
Con motivo de la polémica
revocación de mandato
promovida por Andrés
Manuel López Obrador, que
más bien es un ejercicio mañoso
de ratificación de mandato,
el Presidente de la República
impulsó en el Congreso una
reforma que le da la vuelta a la
prohibición de promover desde
las instancias políticas y públicas
este ejercicio de democracia
participativa.
En un inusual procedimiento
fast track, en menos de un mes,
con su mayoría Morena y sus
aliados, aprobaron la reforma a
la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y a
la Ley Federal de Revocación de
Mandato, en sus artículos 449,
numeral 1, incisos b, c, d y e de
la LGIPE y 33 párrafos quinto,
sexto y séptimo y 61 de la LFRM,
respectivamente.
Así, de un plumazo eliminaron la
prohibición o veda para promover
la revocación de mandato, sin
importarle a los legisladores
que se violan algunos artículos
de la Constitución, como el 105
que ordena la imposibilidad de
realizar reformas legislativas
durante los 90 días previos al
inicio de un proceso electoral.
Se trata de una nueva acción
que viola nuestra Ley Suprema,
aprobada por los senadores
y diputados de Morena y sus
aliados, concretando un “fraude
a la Constitución y a la ley”,
violando además el principio
de retroactividad previsto en el
artículo 14 Federal, al momento de
la aprobación de esta ley, ya que
a escasos días a que tenga lugar
la votación para la Revocación de
Mandato, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el pasado
jueves 17 de marzo.
No hay que olvidar que los
diputados tardaron casi 500 días
en aprobar la ley secundaria de la
revocación de mandato y ahora
la mayoría de los morenistas
que participaron en ella y que
aprobaron la misma, están
haciendo un cambio que viola el
Estado de Derecho, y cambiando
la interpretación a los que ellos
mismos aprobaron cuando
aprobaron la presente ley.
Como era de esperarse, las
dirigencias de los partidos de
oposición, PAN, PRI y PRD,
promovieron rápidamente una
acción de inconstitucionalidad
conjunta contra este decreto
interpretativo sobre propaganda
gubernamental y solicitaron
que sea decretada su suspensión
antes del 3 de abril en que
inician campañas políticas
en seis entidades en las que
habrá cambio de gobernadores
para impedir que la 4T
realice prácticas electorales
inequitativas.
Argumentan los partidos de
oposición en su recurso que el
decreto aprobado viola varios
artículos constitucionales, entre
ellos el 41 y el 134, relativos a
la equidad en las contiendas
y la imparcialidad con la que
deben conducirse los servidores
públicos, además de que el
decreto “pretende cambiar las
reglas a la mitad del juego, esto
es absolutamente inaceptable,
ya que estamos en medio de
una consulta tergiversada de la
revocación de mandato que el
propio presidente Andrés Manuel
López Obrador impulsó, que
ellos mismos aprobaron pero que
ahora, al ver el desinterés de la
sociedad en participar en esta
gran farsa, están cambiando las
reglas para que los funcionarios
de gobierno destinen su tiempo
en promoverla”. Esperemos que
la Corte actúe en consecuencia y
conceda la suspensión solicitada.

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