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Una reforma contra la demagogia sindical

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Vincent

La Ley Federal del Trabajo, como todos sabemos, entró en vigor el Io de mayo de 1970. Desde entonces, los tiempos han cambiado. Proponer el análisis y la discusión de sus 1,010 artículos es obligado en plena época de globalización. Y es que las 24 reformas que ha tenido en sus 40 años de vida no son suficientes para afrontar los retos de este nuevo siglo.

Pensemos en las tasas de desocupación, la explotación laboral de mujeres y niños, la discriminación laboral, la falta de oportunidades, la informalidad, la evasión patronal con relación al cumplimiento de obligaciones laborales bajo figuras de simulación, las bajas sanciones económicas establecidas por la ley para quien la incumpla, así como el incremento de juicios laborales, que detona el rezago en la impartición de justicia. O digámoslo de otro modo: ¿se defienden los derechos de los empleados del aeropuerto obligando a los viajeros a que sean los cargadores quienes lleven sus maletas? Si la respuesta pudiera ser afirmativa al principio, veremos que, a la larga, no lo es: pierde México y pierden los afiliados al sindicato que, tarde o temprano, perderían sus trabajos ante el embate globalizador.

Todo esto debe obligarnos a considerar la iniciativa que, ante el Congreso de la Unión, presentó el Partido Acción Nacional el pasado mes de marzo. La iniciativa retoma gran parte el documento elaborado por Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social. La propuesta, por supuesto, pudo venir del Partido Revolucionario Institucional o del Partido de la Revolución Democrática. Da lo mismo. Representa un punto de partida para que nuestros legisladores evalúen los costos y los beneficios de seguir como estamos o de cambiar. Las 419 reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo pueden ampliarse, reducirse, pulirse... pero no conviene ignorarlas.

En los últimos 12 años se han presentado más de 300 iniciativas para reformar esta ley, de las cuales solamente prosperaron dos. La primera, sobre la nacionalidad, en 1998; la segunda, en 2006, para establecer los "fines de semana largos". La demagogia y el terror de algunos dirigentes sindicales a perder sus prerrogativas explican por qué fracasaron los otros intentos y podrían explicar, también, por qué es posible que esta nueva propuesta se empantane.

Es cierto que al proyecto le falta hacer mayor hincapié en la transparencia y que mantiene algunos de los ancestrales controles autoritarios. Pese a ello, contiene muchos aspectos valiosos...

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