Reflexiones éticas en torno al consumo de drogas
| Autor | Rodolfo Vázquez |
| Páginas | 44-49 |
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El nuevo paradigma al que hace referencia la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se sustenta en tres grandes directrices:
* Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
* Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
* Focalizar la represión sobre el crimen organizado.
A la pregunta filosófica de si es éticamente justificable la penalización, prohibición o criminalización de la posesión de drogas para consumo personal, pregunta —y su correspondiente contestación— que se encuentra en la base de las tres directrices señaladas en la declaración, la respuesta es negativa. En el marco de un Estado constitucional de Derecho, liberal y democrático, no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas.
Para justificar la criminalización de la posesión de drogas para consumo personal se han intentado al menos cuatro argumentos: el argumento perfeccionista, el argumento paternalista, el argumento de la defensa social1 y el argumento democrático. Veamos cada uno de ellos.
Este argumento pone el acento en la autodegradación moral o en el "vicio" en el que incurrirían los consumidores habituales de las drogas. No se trata de argumentar aquí a favor de la salud física o psicológica del sujeto, sino del acto en sí mismo inmoral que representa el consumo de drogas, más allá de sus efectos dañinos, biológicos o mentales. ¿Acaso no debería todo ordenamiento jurídico —se preguntan los defensores de este argumento— promover entre los ciudadanos planes de vida moralmente buenos y caracteres cívicos virtuosos?2
La respuesta para un liberal es clara. No es un objetivo legítimo del sistema jurídico promover planes de vida buenos y caracteres virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida y los ideales de virtud que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias. El bien de una persona está dado por los fines que ella misma se propone y no por algún modelo de organización social globalizador impuesto dogmáticamente, que abarque todos los aspectos de su vida. Esta conclusión se desprende de una idea previa, tan cara para cualquier liberal, que consiste en distinguir dos dimensiones de cualquier sistema moral: la moral autorreferente o privada y la moral intersubjetiva o pública. La primera "está constituida por las pautas morales que definen modelos de virtud personal y que permiten juzgar las acciones por sus efectos en el carácter moral del propio agente, perjudiquen o no a terceros"; mientras que la segunda "está constituida por las reglas morales que se refieren a nuestro comportamiento hacia los demás proscribiendo aquellas acciones que perjudican el bienestar de terceros u ordenando la realización de otras que promuevan los intereses ajenos".3
Un liberal no es indiferente a la idea de que la inmoralidad de un acto es irrelevante para justificar su sanción jurídica; lo que sostiene es que la vinculación entre Derecho y moral sólo debePage 45 limitarse a aquellas reglas morales que se refieren al bienestar de terceros. Los planes de vida personal y los ideales de virtud deben quedar librados a la autonomía de los individuos y en todo caso ser materia de discusión y persuasión en el entorno social, pero nunca objeto de sanción o coerción estatal. La negación de la distinción entre estos dos sistemas de la moral, el privado y el público, es propio de los regímenes totalitarios, no de un Estado constitucional, liberal y democrático de Derecho.
Según este argumento, el objetivo de penalizar la posesión de drogas para consumo personal no es inducir a los individuos a adoptar modos de vida decente, o imponer ciertos ideales de excelencia humana, como se propone con el argumento perfeccionista, sino preservar su salud física y mental. Se ejerce una acción paternal por parte del Estado cuando éste, a través de la normatividad jurídica, intenta evitar que un individuo se haga un daño a sí mismo.
El enfoque liberal no impide la intervención paternalista, incluso coactiva, en la autonomía de los individuos siempre que tal intervención cumpla con dos condiciones necesarias y, en su conjunto, suficientes. La primera condición es empírica y tiene que ver con la constatación fáctica de la incompetencia del individuo. Se puede decir que un individuo es incompetente al menos en los siguientes casos: a) cuando ignora elementos relevantes de la situación en la que tiene que actuar; b) cuando su fuerza de voluntad es tan reducida o está tan afectada que no puede llevar a cabo sus propias decisiones; c) cuando sus facultades mentales están temporal o permanentemente reducidas; d) cuando actúa bajo compulsión, y e) cuando alguien que acepta la importancia de un determinado bien y no desea ponerlo en peligro, se niega a utilizar los medios necesarios para salvaguardarlo, pudiendo disponer fácilmente de ellos. La segunda condición necesaria es de tipo normativo y tiene que ver con el deber de intervenir por el solo interés del individuo y no de un tercero, por ejemplo, para evitarle a este último un daño. Cuando se cumplen ambas condiciones se puede hablar de un paternalismo justificado.4
De acuerdo con lo anterior, la circunstancia de que haya individuos que incurren en el consumo de drogas por inmadurez, compulsión, ignorancia, incapacidad mental o debilidad de voluntad justifica que en su propio beneficio se regule el acceso a las mismas, se castigue severamente el crimen organizado y se encaren medidas eficaces y eficientes para informar y prevenir o, en su caso, rehabilitar desde la perspectiva de salud pública a los que se hallen en un estado adictivo o farmacodependiente; pero entendámonos bien, todo ello es deseable siempre que las medidas se realicen sin criminalización, sin programas de rehabilitación o de prevención forzadas y sin diferenciaciones injustificadas por razón de edad, de tipo racial o de clase social. Es muy frecuente reprobar al adolescente, por ejemplo, declarándolo a priori incom-Page 46petente y asociado con la violación de las normas. Se crean así subculturas sociales aceptables y...
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