Recordatorio
| Autor | Héctor Tajonar |
Mal precedente, sobre todo si se le compra con la obligada aunque tardía renuncia del titular de la Profeco. Las consideraciones políticas se ubican por encima de la aplicación rigurosa de la ley. No es esa la vía para implantar un auténtico estado de derecho ni para combatir la corrupción, con eficacia y sin doblez, como se ofreció al inicio del sexenio. De ahí el propósito de este recordatorio.
La corrupción es la marca de la ignominia sobre la faz de México. Junto con el hambre y la violencia que asuelan al país, la corrupción es el problema más lacerante, además de estar en el origen de ambos desafíos. Tanto la pobreza como el crimen organizado nacen y se nutren de la corrupción arropada por su hermana gemela, la impunidad. Al mismo tiempo, la corrupción es el mayor obstáculo para alcanzar dos metas impostergables e inseparables: la instauración de un verdadero estado de derecho y la consolidación de la democracia.
La corrupción no se limita al peculado, sino que corroe el sistema de justicia y pervierte la cultura política del país. Adicionalmente, tiene un alto costo económico. Sólo por concepto de mordidas, se estima que en 2010 el costo fue de 33 mil 224 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003-2010, elaborada por Transparencia Mexicana.
La corrupción va de la mano del mal gobierno, lo cual significa que produce pobreza y bajo crecimiento económico. Un estudio del Banco Mundial revela que si el gobierno de un país en desarrollo fuera capaz de controlar la corrupción, su ingreso per cápita podría aumentar hasta 400%. Del mismo modo, en naciones donde la corrupción es menor y los derechos de propiedad y el imperio de la ley son vigentes, el crecimiento del sector privado aumenta 3% anual, en promedio. Lo mismo ocurre con la tasa de crecimiento de la economía: la diferencia entre un país en el que la corrupción se combate de manera eficaz y uno en que eso no ocurre, como el nuestro, puede variar entre 2% y 4%.
Por ello es preciso rectificar la senda de engaño y simulación a que se ha reducido la historia del combate a la corrupción en México, desde tiempos remotos hasta el presente. A partir de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1988, las instituciones concebidas para combatir la corrupción han estado limitadas por la voluntad presidencial y en los hechos han fungido como instrumentos de encubrimiento, dando lugar a una impunidad...
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