Las razones de la desconfianza
| Autor | Alberto J. Olvera |
Recordemos que el asesinato de Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, fue por asfixia y golpes, lo que desde el principio planteó dudas sobre las causas del homicidio. Los primeros informes de la PGJ trataban de inducir la idea de un robo como posible móvil, pero no se ofrecieron pruebas concluyentes ni se explicó con claridad cuáles habían sido los objetos sustraídos. Lógicamente hubo una actitud de reserva y descreimiento por parte de la indignada opinión pública (jalapeña, nacional e internacional) y de la revista Proceso, para la cual trabajaba la periodista.
Seis meses después, la PGJ anunció la captura de uno de los asesinos de Regina, al parecer como respuesta a la presión de la propia revista, que en su número pasado (1878) denunció la falta de avance en las investigaciones. La acusación oficial se funda solamente en la propia confesión del inculpado.
Si bien la PGJ ofrece estadísticas impresionantes acerca del trabajo de investigación realizado en este caso y ofrece pruebas circunstanciales que podrían inculpar a las personas señaladas (otros dos testimonios de personas que vieron los objetos supuestamente robados), hay una omisión muy grave: En ningún momento la dependencia estatal ha dicho que las huellas digitales encontradas en la casa de Regina corresponden con las del sujeto detenido o las del prófugo.
Las huellas dactilares de ambos deberían estar en posesión de la procuraduría, puesto que tienen antecedentes penales. Y dado que se trata de delincuentes callejeros, sin antecedentes de homicidio, no se puede alegar que hayan tenido la capacidad para borrar sus huellas. Por tanto, las autoridades deberían haber conocido la identidad de los delincuentes desde el principio de la investigación.
Esta elemental omisión nos muestra un patrón similar al de casos anteriores. El 15 de agosto pasado, el procurador anunció la "resolución" de los crímenes contra cuatro reporteros en el puerto de Veracruz, cometidos días después del asesinato de Regina. Se culpó a supuestos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, atrapados unos días antes por elementos de la Marina, quienes según la PGJ confesaron 36 crímenes, entre ellos los de estos reporteros. Se dijo que los sicarios informaron, además, que los habían ejecutado porque ellos habían "puesto el dedo" a otros periodistas que fueron asesinados por Los Zetas el año anterior.
La PGJ daba por resueltos estos asesinatos con las meras confesiones de los sicarios, sin otra prueba...
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