Putrefacción y renovación nacional
| Autor | John M. Ackerman |
La vía institucional está cancelada. El estilo caciquil y mañoso del "nuevo" PRI ha logrado infectar todas las instituciones supuestamente públicas del país. El ridículo espectáculo de aplausos huecos de los titulares de los órganos y organismos del Estado mexicano en el acto informal de presentación dictatorial del informe fue una estampa de la total sumisión de los poderes públicos a la voluntad del máximo líder-títere de la nación.
Antes, durante el periodo de la esperanza democrática de la década de los noventa y a principios del siglo actual, el presidente de la República tenía la obligación de presentar personalmente su informe ante al Congreso de la Unión. En un importante ejercicio de equilibrio de poderes, frecuentemente recibía allí fuertes críticas y cuestionamientos de los partidos opositores.
Hoy, en cambio, el jefe del Ejecutivo solamente está obligado a enviar el informe por escrito al Poder Legislativo. Fue el mismo Manlio Fabio Beltrones, populista sonorense que sigue el ejemplo de Plutarco Elias Calles, quien impulsó este cambio legal cuando era senador de la República. Aprovechando el nuevo formato, Peña Nieto ha podido recuperar la vieja práctica autoritaria del "Día del Presidente" por medio de la organización de un fastuoso evento en Palacio Nacional, sin base constitucional o legal alguna, donde él dirige un discurso profundamente ideológico y demagógico a un ejército de leales soldados priistas.
México cuenta con instituciones mucho más débiles que Guatemala. En el país vecino del sur el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) han demostrado la fortaleza y la independencia necesarias para actuar en contra tanto del primer mandatario del país como de la vicepresidenta de la República. Pero en México ninguna institución ha podido -o ni siquiera lo ha intentado- acabar con el régimen de impunidad y complicidades caciquiles que mantienen a la casta de corruptos en el poder.
Las conductas del INE y del Tribunal Electoral en los casos de Monex y del Partido Verde, así como la negativa de la Suprema Corte para abordar a fondo la consulta sobre la reforma energética y el despido injustificado de Carmen Aris-tegui, evidencian la plena subordinación de esas instituciones. Y constituye una vergüenza internacional la negligencia criminal de la Procuraduría General de la República, ya sea bajo el mando de Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez, frente a las constantes masacres...
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