Se Puede Salvar la Autonomía del INE a Pesar del 'Plan B
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Editorial
Al filo del término del
periodo ordinario,
el pasado 15 de
diciembre, en un proceso
muy cuestionable, la Cámara
de Diputados aprobó dos
minutas que contienen cambios
en materia electoral, mejor
conocido como el “Plan B” del
Ejecutivo Federal.
Mediante un acuerdo
bicameral, solo la minuta que
reforma la Ley General de
Comunicación Social y la Ley
Administrativas fue enviada
al Ejecutivo, en la que se
encuentran los cambios en
el modelo de comunicación
política, sanciones a partidos
por violar el principio de
imparcialidad y se reinterpreta
el concepto de propaganda
gubernamental para amparar
que los servidores públicos
emitan opiniones durante los
procesos electorales.
Mientras que los cambios
a las leyes General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, General de Partidos
Políticos y Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y
expide la Ley General de los
Medios de Impugnación en
Materia Electoral, fueron
retornadas al Senado de la
República para continuar
el proceso legislativo en el
siguiente periodo ordinario en
febrero o en uno extraordinario
en enero.
Lo aprobado por la Cámara de
Diputados, todavía a discutirse
en el Senado, compacta
la estructura del Instituto
Nacional Electoral (INE),
elimina el servicio profesional
electoral, limita facultades al
INE para sancionar conductas
de funcionarios públicos que
vulneran la equidad de los
comicios y para sancionar a los
partidos políticos y candidatos
por faltas graves, también se
afecta la paridad de género;
desaparece el Programa
de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), y elimina
la Secretaría Ejecutiva del INE.
El consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello,
aseguró que restar capacidad
operativa al instituto pone en
riesgo la calidad de los procesos
electorales, además de minar
su autonomía e independencia.
Por lo que Córdova aseguró
vendrá “una dura y ardua
batalla jurídica” para defender
el sistema electoral que se ha
construido en México a base de
batallas ciudadanas y “a golpes
de jurisprudencia, salvemos
la democracia” y frenar la
regresión. El Presidente del
árbitro electoral reconoció que
es un sistema perfectible y se
debe seguir construyendo sobre
lo bueno que se ha alcanzado en
tres décadas.
Reiteró que no se niegan a
una reforma, pero, por su
magnitud, debe estar basada en
un “diagnóstico serio, objetivo
y basado en información real
y verificable”, emanado de un
amplio consenso que amplíe los
derechos de la ciudadanía.
Tanto la oposición como el INE
anunciaron que impugnarán
los cambios ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación;
incluso el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, aunque
asegura que no hay nada ilegal,
a pesar de que el mismo Ricardo
Monreal afirmara que existen
bloques inconstitucionales en
lo aprobado, sabe que la batalla
apenas comienza y que será el
Poder Judicial Federal el que
decida el destino de su “Plan B”. El
primer recurso contra la reforma
interpuesto por un ciudadano
ya llegó al Tribunal Electoral,
no obstante, fue desechado al
determinarse que el trámite
legislativo no ha sido concluido.
Una vez que sea publicado en
Diario Oficial de la Federación
y finalizado el tramo legislativo,
iniciará la verdadera batalla por
salvaguardar nuestro sistema
electoral.
Cuando menos AMLO ordenó
de último momento en su
antidemocrático e ilegal “Plan
B”, eliminar la “cláusula de
vida eterna” que aseguraba a
los partidos pequeños aliados
(PVEM y PT) retener su
registro con un mínimo de
votos, en abierta violación al 3%
que señala la Constitución.
Se Puede Salvar la Autonomía
del INE a Pesar del “Plan B”
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