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Proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares.

Fecha de presentación: 3 de Septiembre de 2019
 
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SENADORA MÓNICA FERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la
República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide
el Código Nacional de Procedimientos Familiares, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Durante enero y febrero de 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) organizó a solicitud del titular del Ejecutivo Federal, foros de consulta en
materia de justicia cotidiana con juristas, académicos y representantes de la
sociedad civil; con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para
hacer más eficaz el acceso a la justicia en México.
2
Derivado del proceso de consulta, el CIDE presentó un informe de resultados que
contiene las propuestas y recomendaciones en materia de justicia cotidiana, mismas
que fueron retomadas por el Presidente de la República, a través de la presentación
de una seria de iniciativas, entre ellas, el Proyecto de decreto por el que se adiciona
la fracción XXX al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, propuesta que fue presentada el 28 de abril de 2016 en la Cámara de
Senadores, con el objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir
la legislación única nacional en materia procesal civil y familiar.
Dentro de los argumentos que dieron origen a dicha propuesta, se encuentran que,
derivado de las atribuciones de las Entidades Federativas para expedir sus propias
legislaciones procesal y familiar, existen diversidad de contenidos de normas
procesales del país, lo que ha generado algunos obstáculos para que las personas
puedan acceder a una justicia expedita en materia civil y familiar, debido a reglas,
plazos, términos, criterios y sentencias distintas entre sí, en relación a un mismo
procedimiento.
Señala, que por ello se requieren procedimientos homologados en todo territorio
nacional para dirimir las controversias entre particulares, por lo que con la adición
de la fracción XXX al artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión tendrá
la facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, lo
que permitirá prever procedimientos expeditos y uniformes para toda la República.
3
Dichos argumentos fueron retomados en el dictamen de la Cámara de Senadores
que aprobó la citada propuesta, el 8 de noviembre de 2016; turnando a la Cámara
de Diputados la Minuta respectiva, que fue aprobada el 28 de abril de 2017,
aprobada por la mayoría de los congresos locales y publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de septiembre de 2017.
Dentro de los aspectos más relevantes que señalan los dictámenes de ambas
Cámaras para aprobar que el Congreso de la Unión legisle en materia procesal civil
y familiar, podemos destacar los siguientes:
La multiplicidad de Códigos de Procedimientos Civiles genera importantes
desigualdades para las personas ante la ley, lo que se traduce en inseguridad
jurídica.
Los distintos códigos procedimentales vigentes impiden que la jurisprudencia
de los órganos del Poder Judicial de la Federación adopte interpretaciones
judiciales uniformes.
Esta reforma permitirá minimizar las formalidades, privilegiando la solución
eficaz de los conflictos en las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad
de criterios judiciales.
Asimismo, la reforma permitirá ubicar a nuestras normas nacionales en un
alto estándar internacional en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido
y efectivo que permitirá eficientar y agilizar el desarrollo de la materia familiar.
Dentro de las disposiciones transitorias se establece un plazo de 180 días para que
el Congreso de la Unión expida la ley procedimental única en materia civil y familiar,
por lo que la propuesta que hoy presento tiene la finalidad de atender el citado
precepto constitucional, toda vez que dicho plazo ya ha fenecido.

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