Promulgan el Código Nacional de Procedimientos Penales

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Uno de los reclamos jurídicos más demandados en los últimos años por la sociedad y los especialistas en todo el país, era la elaboración del Código Único en el área procesal penal y finalmente este reclamo fue colmado el pasado 5 de marzo al promulgar el Presidente Enrique Peña Nieto, en el patio central de Palacio Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dándose un gran paso para la concreción e implementación de la Reforma de Seguridad y Justicia de junio de 2008, que representa el nuevo paradigma que transformará la procuración y administración de justicia en nuestro país, al incorporar en México el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, conocido coloquialmente como de juicios orales. Con la aprobación de este Código, se logrará reducir a uno los 33 códigos existentes en la materia en todo el país -32 locales y el federal-, cada uno con distintas reglas para el desahogo de los juicios penales. Ahora sólo existirá un código único, que será válido en todo el territorio nacional. Así, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo la solidez de nuestro Estado de Derecho.

En la misma ceremonia, el Presidente Peña Nieto dio a conocer y firmó la Iniciativa de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, afirmando que con estas acciones el Estado mexicano brinda una respuesta acorde a los retos que vive nuestro país en materia de seguridad y justicia. Por eso, reconoció el trabajo realizado por hombres y mujeres del poder legislativo quienes con actitud transformadora, participaron en su discusión, enriquecimiento y aprobación. “Éste será el primer Código de Procedimientos Penales que surge del consenso y el acuerdo

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de las fuerzas políticas nacionales, representadas en el Congreso de la Unión, pues apenas el año pasado se le otorgó la facultad constitucional para legislar en esta materia.”

Se trata, señaló el mandatario, de un logro histórico que implica un año de trabajo legislativo que contó con el apoyo de expertos en la materia, que además de gran rigor técnico, requirió la creación de un simulador para probar su funcionalidad. “Estamos frente a un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido...

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