Proceso gana otra batalla contra la opacidad
| Autor | Arturo Rodríguez García |
La opacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su complacencia hacia el gobierno de Felipe Calderón, señaladamente con la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron revertidas al menos en un caso por la justicia constitucional.
Hace casi cinco años, la SSP incurrió en una serie de agravios contra Proceso al exhibir diversos ejemplares de la revista como parte de las pruebas periciales recabadas durante un operativo contra un cártel del narco.
Por esos hechos, esta casa editorial interpuso una queja ante la CNDH que fue sustanciada por el quinto visitador, Fernando Batista Jiménez, quien había sido subordinado de García Luna y no sólo exculpó a la dependencia encabezada por su antiguo jefe, sino que reservó el expediente con la anuencia del ómbudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
La resolución de la inconformidad 23/ 2013 por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue dictada el pasado 15 de febrero y obliga al ómbudsman a entregar el expediente CNDH/5/2009/3486/Q. El 25 de marzo Batista Jiménez notificó al director general de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la disponibilidad de la información solicitada.
Agravios de García Luna
La queja de Proceso se remonta a 2009, cuando aún era presidente del órgano José Luis Soberanes, aunque la resolución del recurso y la persistencia en la vía judicial por mantener el asunto bajo reserva ocurrió durante la presidencia de Plascencia. El 29 de julio de 2009, el entonces titular de la División Antidrogas de la SSP, Ramón Pequeño, presentó a cinco presuntos integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos a Armando Quintero Guerra, El Licenciado, supuesto operador financie-ro de Servando Gómez, La Tuta. Como era frecuente en el sexenio de Felipe Calderón, junto con los detenidos presentó las "evidencias" aseguradas: armas, municiones, equipos de comunicación... y cuatro ejemplares de Proceso, a los que Pequeño se refirió como el aseguramiento de "documentación diversa".
Un día después la SSP difundió un video, fragmento de un interrogatorio a Quintero Guerra, que mencionaba el interés de La Tuta por leer la revista. En todo ese sexenio el semanario trató ampliamente los fracasos de las políticas de seguridad calderonista y los tumbos de García Luna como titular de la SSP (Proceso 1709).
Ante la evidente intención de la propaganda calderonista de desprestigiar a este medio periodístico -en la que reincidiría tiempo después a través de la Secretaría de la Defensa Nacional-, Rodríguez Castañeda presentó una queja ante la CNDH el 4 de agosto de 2009, por considerar que había una vulneración de derechos humanos y riesgos para la integridad y la vida de personal y directivos del semanario, además de que podía constituir un acto de presión o censura indirecta (Proceso 1701).
La respuesta de la CNDH se demoró nueve meses y, aun cuando estaba...
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