PRIvatización política
| Autor | John M. Ackerman |
El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza pública y democrática de las competencias políticas, así como garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar candidatos, elecciones y partidos.
Así es precisamente como funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que determinan quienes ocupan los cargos de elección popular.
En México, gracias a décadas de valientes luchas ciudadanas en que miles de luchadores sociales han sido lamentablemente reprimidos, encarcelados y ejecutados, contamos con un marco jurídico en materia electoral muy por encima de la legislación en el país vecino del norte. Tirar por la borda conquistas históricas tan importantes ganadas a precio de sangre sería una gran irresponsabilidad. Sería como si los mismos estadunidenses se arrepintieran del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King Jr. y regresaran al sistema de segregación racial legalizada que estaba en vigor antes del Ciuü Rights Movement.
Es innegable que debido a la complicidad y la ineptitud de los consejeros y los magistrados electorales no se cumple en los hechos con el principio de predominancia del financiamiento público. En la elección presidencial de 2000, Vicente Fox se benefició de una vasta red ilegal de financiamiento privado que extendía sus tentáculos hasta el extranjero. En 2006, Felipe Calderón pudo imponerse en la presidencia debido a una enorme y costosa guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador financiado ilegal-mente por el sector privado. En 2012, ríos de dinero de procedencia desconocida fluyeron a las tarjetas Monex y Soriana, así como a los medios de comunicación electrónica, rebasando por lo menos 14 veces el tope de gasto permitido, de acuerdo con la Comisión Monex, para lograr la "elección" de Peña Nieto. Y en 2015, el PVEM da continuidad a la misma estrategia con su costosa propaganda ilegal y cínica burla a las autoridades.
El pasado 20 de mayo...
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