Las primeras elecciones del México independiente
| Autor | Alfredo Avila |
| Cargo | Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. |
| Páginas | 29-60 |
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La independencia* mexicana está cargada de paradojas. Una de ellas es que el movimiento trigarante surgió como una reacción contra el proyecto constitucional español restablecido en 1820, pero no sólo declaró la vigencia interina de la Constitución de Cádiz, sino que compartía con ella algunos supuestos básicos,Page 30tales como el reconocimiento de que la soberanía radica en la nación y que el gobierno legítimo sólo podía ser aquél que la representara. El primer paso que dio Agustín de Iturbide para formar un gobierno representativo fue el establecimiento de una junta, la cual convocó al congreso que se reunió el 24 de febrero de 1822,1 aunque la constitución no estuvo lista hasta octubre de 1824, cuando el propio Iturbide había caído. Este artículo se ocupa de la elaboración de la convocatoria para la reunión del congreso, de las elecciones y de las opiniones que se expresaron sobre estos asuntos y sobre la naturaleza del gobierno representativo. A través de estos acontecimientos procuraremos acercarnos a la cultura política de la época, es decir, a las relaciones entre el imaginario, las ideas sobre el ejercicio del poder y las prácticas políticas de los nuevos actores sociales, los ciudadanos.
Cuando los mexicanos lograron su independencia, se enfrentaron a la ardua tarea de dar forma a instituciones que fueran capaces de procurar el bienestar y el progreso del país. Contaban con un documento básico, el Plan de Iguala, y con la experiencia constitucional española. Las elecciones que habían realizado los novohispanos desde la aplicación de la Constitución de Cádiz dejó la práctica de las primeras movilizaciones populares en los centros urbanos para sufragar, mientras que la tozudaPage 31resistencia peninsular para aceptar una representación ultramarina equilibrada en las cortes (cuando prohibieron que las castas formaran parte de la base demográfica para determinar el número de representantes) motivó una radicalización por parte de los diputados americanos, que terminaron exigiendo la inclusión de todos los habitantes como ciudadanos, sin importar raza, origen o color. En el Plan de Iguala se habían plasmado los principios sobre los que descansaría el nuevo gobierno. Contra lo que ha supuesto la historiografía tradicional, ese documento no fue una reacción contra el liberalismo, pues determinaba que, ínterin se elaboraba una constitución, permanecería vigente la española de 1812. El imperio mexicano sería una "monarquía moderada", esto es, constitucional, fundada sobre la igualdad de todos sus habitantes (a quienes llamaba simplemente "americanos", sin importar su color, lugar de origen o condición) y por lo tanto, en la soberanía de la nación, tal como la entendía el liberalismo decimonónico, es decir, formada por individuos iguales ante la ley.2
No debemos pasar por alto, que en el mencionado Plan había algunas irregularidades. La más evidente fue que obligaba a las futuras cortes a constituir al país de una manera ya establecida sin importar cuál seria la voluntad del pueblo representado por esa asamblea. Esto era así merced a un supuesto implícito en el documento que venimos comentando. El Plan de Iguala contó con el apoyo de casi todo el viejo ejército realista, de las autoridades civiles de la mayor parte de las provincias, amén de las personas más distinguidas de las principales corporaciones del virreinato, como fue el caso de muchos prelados de las distintas diócesis. Todos esos individuos eran, atendiendo al uso de la época, "personas de representación". El imaginario corporativo del antiguo régimen permitía que los hombres estuvieran representados mediante los cuerpos a los cuales pertenecían, tales como los gremios, los consulados, los tribunales de minería, la iglesia, las repúblicas de indios o los ayuntamientos. Los individuos con más "autoridad, carácter o recomendación"3 de cada corporación eran su representantes: el obispo lo era de su diócesis; los maestros, de sus gremios; losPage 32principales indios lo eran de sus comunidades, etcétera. Las viejas cortes españolas formalizaban aún más este tipo de instituciones representativas con la cabida que daban a los eclesiásticos, la aristocracia y algunas ciudades privilegiadas. Las cortes representaban a todos estos grupos, supuestamente los más "representativos" del reino, ante el monarca, único soberano reconocido tanto por las doctrinas escolásticas como por las propuestas más modernas y absolutistas. Es verdad que Nueva España carecía de esta posibilidad, pues no tenía cortes ni la nobleza americana llevaba aparejada los privilegios jurisdiccionales de su contraparte europea; pero los cuerpos que podían, solían tener procuradores ante las instancias gubernativas reales. Estos apoderados "representaban" a sus comitentes y seguían sus instrucciones.4
Desde este punto de vista, los individuos que apoyaron al Plan de Iguala podían considerarse representantes del resto de la población, pero también el autor de este documento creyó ser portavoz del pueblo que lo siguió. Este fenómeno permitió que Iturbide se imaginara ser un verdadero representante de las aspiraciones nacionales. Como mencionaría después:
En mí estaba depositada la voluntad de los mexicanos: lo primero porque yo firmé [los Tratados de Córdoba] a su nombre, en lo que debían querer; lo segundo porque ya habían dado prueba de lo que querían en efecto, aumentándose los que podían llevar las armas, auxiliándome otros del modo que estaban sus facultades, y recibiéndome todos en los pueblos por donde transité con elogios y aplausos del mayor entusiasmo.5
También el ejército trigarante se atribuyó esa representación, como después lo harían los demás sectores militares que se pronunciaron durante el siglo XIX en nom-Page 33bre de la voluntad nacional. El ejército se convirtió en inventor y defensor de la nación desde su entrada triunfal en la ciudad de México en septiembre de 1821. Una revisión general de los diversos planes enarbolados por tantos y tantos sectores militares a lo largo de ese siglo nos ilustra acerca de cómo siempre el ejército es llamado a defender las verdaderas esperanzas del pueblo mexicano defraudado por sus gobernantes.6 Podemos concluir entonces, que cuando México alcanzó su independencia había, por lo menos, tres diversas formas de concebir la representación del pueblo:
a) Una estrictamente tradicional que daba a las corporaciones la capacidad de representar a sus miembros ante el monarca, es decir el soberano, para pedir mercedes y privilegios. Su importancia radica en que, una vez sustituido el rey por la nación como soberano, algunos cuerpos seguirían ejerciendo su privilegio de representar ante las autoridades, lo cual devendría en nuevas formas de representatividad política, por ejemplo, cuando sectores del ejército se consideraban portavoces de las aspiraciones populares en los pronunciamientos militares; cuando la iglesia quiso frenar la legislación que atentaba contra sus privilegios y se atribuyó la representación de una nación católica, o cuando los ayuntamientos, diputaciones provinciales y de minería, entre otros cuerpos, fueron empleados por los grupos poderosos en las provincias para exigir una representación territorial que culminaría en los congresos locales y en el federalismo.7 b) La idea moderna que, al considerar a los individuos iguales ante la ley, otorga la soberanía al pueblo, por lo que la legitimidad de cualquier gobierno descansa únicamente en la representación de la nación, la que elige a sus autoridades bajo la premisa de "un ciudadano un voto". Es importante anotar de una vez, que esta presunta igualdad sólo se establecía de manera abstracta y no práctica, para evitar que un grupo se apropiara ilegítimamente del poder; como señalaría años después Mariano Otero, se trataba de "un principio que asegura únicamente que no hay un poder superior al de la sociedad y que reconoce en ésta una facultad legítima para arreglar las condiciones de su existencia".8 c) Una versión derivada de la tradicional,Page 34que daba a los caudillos (como Iturbide) la representación del interés nacional, merced al apoyo que recibían de los individuos más importantes del país y de las masas que los seguían. Es de hacer notar que la única versión de gobierno representativo que requería elecciones era la moderna, lo cual no quiere decir que otras formas de representación las excluyeran, pero no eran necesarias. La representación ejercida por los caudillos o por el ejército dependía del hecho de que ambos personajes se la atribuían, sin consultar con sus comitentes, como ha señalado Jochen Meissner: "No es clave para la representación el mecanismo mediante el cual las personas que representan a un reino consiguieron sus poderes, sino la circunstancia de que los tienen de hecho y que hablan legítimamente en nombre del cuerpo que representan." Por su parte, la representación tradicional se basaba, sobre todo, en los poderes que otorgaban las corporaciones a sus "diputados", "apoderados" o "procuradores".9
El 22 de septiembre de 1821 se estableció en Tacubaya la soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano. Iturbide había seleccionado a los individuos que la formaron, procurando que estuvieran representados los intereses de los sectores sociales del imperio que apoyaron el Plan de Iguala, aparentemente la gran mayoría de la población.10 Entre los treinta y uno miembros de la junta destacabanPage 35cuatro canónigos, incluido un obispo, varios capitulares de la ciudad de México, algunos miembros de la audiencia y descollaban ciertos individuos que habían sido diputados en las cortes españolas o en la diputación provincial de Nueva España, lo que...
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