Primer semestre
| Autor | Héctor Tajonar |
Los grupos de presión han hecho sentir su fuerza en diversos frentes. La suspensión y postergación del apagón analógico en Tijuana, apenas un día después de que el presidente Peña ordenara que se proveyera del decodificador para recibir la señal digital a los 200 mil telehogares que no lo tuvieron a tiempo, revela el poder de las televisoras en la defensa de sus intereses empresariales. Lograron revertir una decisión hecha púbica por el Ejecutivo. Así se trate de una posposición de 40 días, el proceso de toma de decisiones muestra que los tentáculos del duopolio televisivo alcanzaron a una institución supuestamente autónoma como el IFE, y lograron imponer su dominio sobre la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel, con la anuencia presidencial.
A pesar de que la Cofetel logró una cobertura de 93.1% -superior a los parámetros internacionales y a su propia meta de 90%- antes del apagón analógico, el poder de las televisoras fue capaz de doblegar al Comité de Radio y Televisión del IFE, integrado por los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, bajo el pretexto de que 7% de los electores no podría recibir los mensajes televisivos de los partidos y candidatos que contienden por la gubernatura, cinco alcaldías y 24 diputaciones en Baja California. A nadie escapa el gato encerrado en esa maniobra: la banda de 700 MHz que los concesionarios se resisten a devolver al Estado como parte de la transición a la Televisión Digital Terrestre.
La pregunta es si las televisoras acatarán la reforma de telecomunicaciones, cuya esencia es acotar el poder monopólico y propiciar la competencia, o si impondrán sus intereses en la redacción de las leyes secundarias que emanen de las reformas constitucionales. Y la otra gran interrogante es si aun con nuevas leyes e instituciones autónomas los poderes hegemónicos de facto serán capaces de salirse con la suya contando con la aquiescencia o complicidad de los poderes constituidos.
En última instancia, lo que está en juego es la autonomía del Estado y el imperio de la ley frente a los poderes fácticos.
En el caso de la reforma educativa, la estructura de poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sigue inmune, a pesar del cambio de dirigencia tras el encarcelamiento de la maestra Gordillo. Por otra parte, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio lugar a manifestaciones masivas, entre ellas la toma de la carretera...
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