Prescripción de un magnicidio
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- Hace tres meses el abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador colombiano (Alvaro Gómez Hurtado, flexi-bilizó su esquema de seguridad. Lo hizo cuando supo que su colega Ignacio Londoño había sido asesinado por un sicario en el occidental municipio colombiano de Cartago, cuna del desarticulado Cártel del Norte del Valle.
Londoño Zavala, conocido como Nacho, El Gordo o El Abogado de la Mafia, nunca amenazó de muerte a Gómez Martínez, pero éste sabía que lo quería matar. Por ello todos los días salía de su casa con una escolta que aún mantiene, aunque más reducida, por lo que se pudiera ofrecer.
Y es que Gómez Martínez tiene razones para sentir su vida amenazada. Durante los últimos ocho años ha desarrollado una minuciosa investigación sobre el homicidio de su tío, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, y está convencido de que sus hallazgos lo han llevado a toparse con el sórdido mundo de las complicidades entre la mafia del narcotráfico y la política.
Y en ese mundo, asegura Gómez Martínez, "Nacho Londoño era una pieza clave porque era el nexo entre mafia y política".
Pero el abogado y representante de la familia Gómez en la causa penal por el magnicidio está convencido de que después de la muerte de Londoño "ya no existe ninguna posibilidad de que alguien sea condenado" por este caso.
De hecho, Gómez Martínez sostiene que este lunes 2 la causa prescribirá pues cumple 20 años. Esto, pese a que la semana anterior el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que el plazo de prescripción se ampliará hasta el 2 de marzo de 2022 porque existen funcionarios públicos y militares que podrían resultar procesados.
"Esto es una cortina de humo. La ley es clara y dice que un caso penal prescribe a los 20 años. Cualquier ampliación de término será insostenible en la Corte Constitucional. Lo único viable es que este asesinato sea declarado crimen de lesa humanidad, para que no prescriba, pero tres veces hemos solicitado esto a la fiscalía y tres veces nos lo ha negado", señala el abogado.
La misma petición ha sido formulada por los expresidentes Belisario Betan-cur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, así como por congresistas de diversos partidos políticos, pero la fiscalía aduce que el homicidio no es parte de un comportamiento delictivo sistemático ni de afectación masiva.
Sin embargo, la misma fiscalía ha declarado crímenes de lesa humanidad otros magnicidios, como los de los dirigentes políticos Rodrigo Lara Bonilla (1984), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989) y Carlos Pizarro (1990).
"Aunque nunca nadie va a ser condenado por este crimen, a nosotros nos interesa la verdad. Tenemos derecho legítimamente a ella, y la verdad se alcanza conociendo en un juicio las pruebas nuestras", dice Gómez Martínez.
El abogado presentó en abril del año pasado una demanda ante la Comisión In-teramericana de Derechos Humanos (CI-DH) para que el homicidio de su tío sea declarado crimen de lesa...
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