Reclaman poner fin a la impunidad de Bours, Padrés y Larrea
También, investigar a la Semarnat y liberar al vocero yaqui
Señor director:
Preocupados por la violación de los derechos humanos que durante décadas ha sufrido el pueblo de Sonora, recordamos los casos de:
-Eduardo Bours Castelo. Encubrimiento de autoridades en los hechos que derivaron en 49 niños muertos y más de 70 lesionados en la guardería ABC de Hermosillo. Durante la conmemoración del quinto aniversario de la tragedia, los padres de las víctimas exigieron al presidente Enrique Peña Nieto cumplir con su promesa de campaña, pues el caso continúa impune.
-Germán Larrea. Desastre ecológico causado por el Grupo México con el envenenamiento de los ríos Sonora y Bacanuchi, ocasionando la mayor tragedia ambiental en la historia de la minería. Impune.
-Guillermo Padrés Elías. Violaciones a la ley con la construcción de una presa en el rancho Pozo Nuevo, ubicado a cinco kilómetros de Bacanuchi, para suministrar agua a la siembra y riego de nogal, propiedad de su familia. Impune.
A eso hay que sumar que el 11 de septiembre fue detenido el luchador social Mario Luna Romero por oponerse al despojo del agua que por decreto presidencial pertenece a los yaquis.
Las organizaciones, académicos, asociaciones civiles y ciudadanos comprometidos por el imperio de la justicia exigimos:
-La liberación incondicional e inmediata del compañero Mario Luna Romero, vocero del pueblo yaqui de Vicam, y la cancelación de las órdenes de aprehensión contra nuestros hermanos por estar defendiendo sus derechos.
-La aplicación de la ley a Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, por el acaparamiento del recurso hídrico en una zona federal y por incurrir en desacato del fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la tribu yaqui (amparo número 631/2012 del 8 de mayo de 2013). Advertimos también que la construcción del Acueducto Independencia beneficiará únicamente a intereses particulares en perjuicio de la comunidad yaqui.
-La investigación y sanción a los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Juan José Guerra Abud, y que el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, explique si por ignorancia o complicidad permitieron la construcción de la presa sin respetar la Ley de Aguas Nacionales y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Cabe precisar que en la resolución del 30 de noviembre de 1940 los linderos que se especifican y sirven de titulación a...
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