Poder judicial de Veracruz: el arte de simular contratos
| Autor | Flavia Morales |
XALAPA,VER.- Edel Álvarez Peña tomó protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz el 1 de diciembre de 2016. Apenas 46 días después entregó cuatro contratos a un sospechoso grupo de empresas. Pero sólo fue el comienzo. Álvarez, quien ha transitado del PRI a simpatizante de Morena, siguió el mismo esquema durante los siguientes tres años de su mandato.
Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso revela que el Consejo de la Judicatura que él presidía entregó contratos que suman más de 350 millones de pesos a un grupo de 20 empresas vinculadas entre sí por socios y direcciones, algunas fantasma. Formadas a 900 kilómetros de distancia, se les pagó por tareas tan básicas como cortar el césped o limpiar vidrios. Dos de esas empresas fueron declaradas fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por no tener empleados ni activos fijos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a cuatro socios de esas firmas por otros casos de corrupción en México, como la llamada Estafa Maestra.
Mientras el Poder Judicial de Veracruz proclamaba un discurso de austeridad, en las entrañas de la administración se entregaron cifras millonarias a compañías creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios, relacionadas por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.
Ingeniería financiera
Para burlar la ley de adquisiciones de Vera-cruz, el área administrativa del Poder Judicial, entonces encabezada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos: hizo adjudicaciones directas e invitaciones restringidas desde 20 mil pesos hasta dos millones de pesos. Así hasta pagar más de 690 facturas.
Los recursos se pagaron con el capítulo 3000 de la partida de servicios generales, una partida que, en 2016, antes de la llegada de Álvarez Peña, apenas alcanzaba un presupuesto de 100 millones de pesos y que creció hasta 600 millones al cierre de su administración.
También se usó una excepción en la ley orgánica del Poder Judicial que señala que se podrá adjudicar de manera directa un contrato cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que sea imposible precisar su alcance y las cantidades de trabajo.
El mecanismo fue dividir el dinero en pequeños contratos casi indetectables y difíciles de verificar en su cumplimiento para tareas diversas, como impermeabilizar, verificar alumbrado, desazolvar drenaje, evaluar la estructura de los juzgados, evaluar el sistema de audio; o tareas de mantenimiento, como limpiar cristales, drenaje y cisternas, entre otras actividades.
Esta investigación constató que, pese a que desde 2017 las auditorías de la Contra-loría General del Poder Judicial y del Órgano de Fiscalización del Estado detectaron irregularidades en los contratos y entre los proveedores, poco se hizo para investigar la situación. A la fecha, no hay sanción ni investigación en curso contra exfuncionarios del Poder Judicial ni tampoco contra las empresas por esos negocios.
Además de simular contratos con el Poder Judicial, los tentáculos de estas empresas se extendieron a otras dependencias en 2018, como el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que entonces era presidido por Juan Pablo Álvarez Delong, hijo del magistrado...
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