La excepción del poder
| Autor | Javier Sicilia |
La afirmación muestra dos cosas difíciles de aceptar, pero profundamente verdaderas: primero, que la soberanía del Estado, en la medida en que se arrogó el monopolio de la fuerza, se basa cada vez más en la excepción, y, segundo, que sólo quien tiene la fuerza tiene al Estado. Así, la soberanía se hace cada vez más presente en tanto el ciudadano es susceptible de ser obligado, de ser sometido bajo la amenaza de la fuerza o por la fuerza misma.
En México esa realidad se ha vuelto desde hace años una regla casi absoluta. El ciudadano -ya sea bajo la óptica del Estado o de esa otra soberanía paralela, la del crimen organizado, que también se ha arrogado el monopolio de la fuerza- es un excluido de la comunidad dentro de la comunidad, una vida animal que, como en la Alemania nazi, puede ser eliminada, desaparecida, violentada, esclavizada, extorsionada legalmente -mediante los impuestos que en México sirven en buena parte para sostener la soberanía del Estado- o ilegalmente -mediante el cobro de piso- por quien posee la fuerza.
La mayoría de este país es tratada como un recurso para el poder y el capital, como un animal industrializado. Bajo el terror, la norma de la excepción quiere convertir al ser humano en lo que en los "Lager" se llamaba "musulmán": un ser reducido a la docilidad de un perro, a -dice Agamben-"una supervivencia separada de cualquier posibilidad de testimonio", a la cual puede asignársele cualquier identidad.
A pesar del trabajo hecho por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de visibilizar a las víctimas, de darles una dignidad; a pesar de que los gobiernos asumieron la deuda traicionada de hacerles justicia y proteger sus vidas; a pesar de la legislación en torno a la víctimas, la realidad sigue siendo la misma: las víctimas -el rostro profundo de lo que el ciudadano es frente a la soberanía de la fuerza- son, en realidad, lo que Felipe Calderón no dejó de decir, y lo que continúa diciendo -no en palabras, sino en actos- la mayoría de la clase política y de las procuradurías: seres despreciables que no merecen nada.
De allí la ausencia real de justicia -de las víctimas visibilizadas por el MPJD y de decenas de organizaciones de ellas, sólo el 2% han encontrado justicia-. De allí también los desaparecidos, los secuestrados, los asesinados, los extorsionados, cuyo número no sólo no cesa de crecer, sino tampoco de engrosar las filas de los que a nadie importan. De allí también el enojo de las autoridades...
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