Pleito heredado en el poder judicial. Entre amparos y amenazas de muerte

AutorDiana Lastiri

Un trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF) afirmó que fue amenazado de muerte por otra integrante de la institución, pero al evaluar el riesgo y determinar la mejor medida para protegerlo, la administración del ministro Arturo Zaldívar decidió reubicarlo desde el Estado de México a Tamaulipas.

El conflicto entre los colaboradores incluye acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico, sanciones irregulares y violencia de género, entre otros señalamientos.

Se trata de Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien afirmó que la secretaria Raquel Mora Rodríguez, del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en materia Penal-hoy Segundo Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México-, lo ha amenazado de muerte y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha preferido beneficiarla a ella.

Esto, debido a que en enero último el CJF le notificó que será enviado a trabajar a Tamaulipas, pese a que hasta el año pasado contaba con medidas de protección que incluían chaleco antibalas, vehículo blindado y escolta.

Mientras Raquel Mora afirmó que Sánchez Talledo fue quien tuvo actitudes violentas hacia ella y contra otras integrantes del Tribunal Unitario donde trabajaban, mismas que se consumaron con el cese de todas ellas.

Mora Rodríguez ganó un litigio contra el PJF para que la reinstalaran en su puesto, pero ante el temor de volver a ver a quien la cesó de su puesto, solicitó al CJF intervenir para que no la obliguen a trabajar con él y afirmó que no se incorporará al Segundo Tribunal Colegiado hasta que Alfonso Sánchez sea reubicado.

Primeras acusaciones

En marzo de 2021 Sánchez Talledo cesó a Mora Rodríguez bajo el argumento de que incurrió en diversas irregularidades.

Desde finales de 2020 Sánchez Talledo, quien era secretario de Acuerdos en el Tribunal, fue designado como secretario con funciones de magistrado en dicho órgano jurisdiccional, quedando como superior jerárquico de Raquel Mora, quien llegó a ese tribunal junto a la magistrada Olga María Josefina Ojeda Arellano, actualmente adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.

"Cuando Raquel estaba con la magistrada Olga, no había problema, pero yo empiezo a notar cosas raras con ella cuando ya estoy de titular; ella se lleva expedientes a su casa, no entrega trabajo; en ese entonces estábamos con el tema de la pandemia y ni siquiera era necesaria gran participación de las personas porque yo les iba asignando el trabajo.

"El Consejo autorizó que para adelantar el trabajo (...) o cosas urgentes, podían ir a sacar fotos o escanear los expedientes, a tomar notas, pero nunca hablaba de sacar los expedientes. Además, en materia penal, el mismo Código dice que el único que puede sacar el expediente es el MP", explicó en entrevista con Proceso.

Al tener constantes desacuerdos con Raquel Mora, el secretario en funciones de magistrado comenzó a recibir los primeros comentarios amenazantes de parte de su compañera y entonces subordinada.

"Traté de poner orden y entonces ella me lo dijo muy...

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