Plaza Pública / Chiapas, todavía
| Autor | Miguel Ángel Granados Chapa |
El miércoles se cumplieron 10 años de que el presidente Ernesto Zedillo declarara la guerra al zapatismo armado. Un decenio más tarde, el mismo Zedillo ha sido acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su anuencia al plan castrense de creación y apoyo a bandas paramilitares. Aunque se trata más de un acto simbólico que del comienzo de un procedimiento judicial (que para tramitarse debería agotar las vías locales), su importancia es enorme no sólo por la elevada investidura del señalado sino porque surge de una circunstancia evidente: que en Chiapas el pasado es presente.
El 9 de febrero de 1995 el presidente de la República avisó a la nación que la Procuraduría General (a cargo del panista Antonio Lozano Gracia) había conseguido órdenes de aprehensión contra 17 dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre ellos se encontraba Rafael Sebastián Guillén Vicente, que según el anuncio presidencial era el nombre del subcomandante Marcos. Se intentó poner en práctica los mandamientos judiciales ese mismo día, y el dirigente guerrillero estuvo a punto de ser capturado, en una suerte de nueva Chinameca, pues había sido convocado a continuar los encuentros con el gobierno federal. Tres semanas antes, el 17 de enero, el subcomandante Marcos se había reunido con el secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, para reanudar el diálogo roto por el EZLN después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando la insurgencia armada supo que no podía confiar en un gobierno en cuyo seno se practicaban asesinatos. Ese 9 de febrero el EZLN comprobó que tampoco podía confiar en el heredero de Salinas, a pesar de que en ese mismo mes se gestó la ruptura entre el testador y el legatario, cuando fue aprehendido Raúl Salinas.
Aunque la acción del Congreso, mediante una ley de concordia y pacificación, obligó a Zedillo a aceptar las conversaciones de San Andrés, el doble lenguaje que se evidenció el 9 de febrero siguió practicándose a lo largo de su sexenio. Antes y después de los acuerdos de paz, que el gobierno federal no quiso convertir en letra constitucional tal como se comprometió, Zedillo admitió o auspició un doble curso de acción bélica: por un lado militarizó, con las fuerzas regulares, el territorio próximo a los enclaves zapatistas y todo el estado de Chiapas; y por otra parte alentó la creación de bandas paramilitares, que desarrollaron una guerra de baja intensidad. Pero no es correcto hablar en pasado, como si eso hubiera concluido: el miércoles pasado, precisamente el 9 de febrero, en el municipio de Venustiano Carranza fue asesinado el dirigente campesino Manuel Hidalgo Espinosa. Se presume que lo mataron miembros de un grupo llamado Totic, que actúa desde...
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