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Pifia del Congreso en la Ley 3 de 3

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Vincent
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Con lo que ha sido calificada como una “ocurrencia de madrugada”, los senadores le restaron valor a su trabajo de varios meses respecto de la discusión y elaboración de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (sna), al haber aprobado, por motivos poco claros, un artículo que atenta contra la vida privada de miles de personas.

Las 7 leyes secundarias del sna aprobadas son las siguientes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y reformadas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, y el trabajo que ello implicó no fue cosa menor. Sin embargo, el esfuerzo y las desveladas de diputados y senadores quedó diluido por la pifia que cometieron en la elaboración y pésima redacción de tan solo un artículo de la primera ley, el 32, con el que pretendían obligar al sector empresarial a presentar declaraciones que los políticos eludieron.

Tuvo que intervenir el Presidente Enrique Peña Nieto para corregir el error legislativo, mediante un recurso legal raramente utilizado: el veto presidencial, negándose a publicar la ley, hasta que no sea corregido el citado artículo y eliminada la irracional obligación.

La respuesta de los líderes camarales fue casi inmediata, comprometiéndose a revisar el Artículo 32, Incisos b y c de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otros 15 artículos más relacionados con este tema una vez que el Ejecutivo devuelva la ley al Senado.

Lo irracional del cuestionado artículo 32 radica en obligar a que todo particular, ya sea un individuo o empresa, “que reciba, ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno”, debería presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, informar a la autoridad...

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