Permiso para manosear...
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El hecho de que agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional cachearan a niños –incluso a bebés– la noche del lunes 15 en los filtros de seguridad instalados en el Zócalo capitalino para la ceremonia del Grito de Independencia, refleja el desdén del gobierno de Enrique Peña Nieto por los derechos humanos y el fortalecimiento de la “mano dura” de su administración, coinciden los defensores Juan Martín Pérez García y Édgar Cortez Morales, así como la diputada perredista Elena Tapia.
Mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, guardaba silencio – al menos hasta el viernes 19–, el martes 16 el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, justificó esa medida con el argumento de que se buscaba “garantizar el interés general de los asistentes”.
Ante la crítica generalizada de organizaciones civiles y algunos legisladores de izquierda –entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña– por los tocamientos a los menores en el Zócalo, Rubido dijo a los medios que la revisión exhaustiva “se dio conforme a los procedimientos de operación con que se tiene que actuar (…) de manera acomedida, de manera diligente”.
Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) –la cual agrupa a 77 organizaciones–, sostiene en entrevista con Proceso que lo ocurrido el lunes 15 en las inmediaciones del Zócalo es violatorio de la Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño, firmada por México hace 25 años.
Puntualiza que los cacheos a niños y niñas violaron los derechos a su intimidad, integridad y dignidad –previstos en la Convención y con rango de ley a partir de la reforma de 2011–, y resalta que la modificación del artículo 4 constitucional ordena al Estado y a sus instituciones “tener como prioridad el interés superior de la infancia; esto incluye a las dependencias de seguridad y por lo visto no lo están cumpliendo".
Al contrario, apunta, lo ocurrido el lunes 15 "tiene muchas implicaciones desafortunadas. No es una pequeña acción, da cuenta de que las y los funcionarios no se han enterado de que se deben respetar los derechos humanos, que los niños y las niñas también tienen derechos, no es un tema de adultos".
El especialista insiste en que no hay justificación: "Era totalmente innecesario hacer tocamientos a niños y niñas; puede haber quien suponga que es por nuestra seguridad, pero hay otras medidas para garantizarla: arcos metálicos, detectores de metales, perros entrenados, todo eso está disponible. Si se conocía de alguna amenaza, alguna alerta de riesgo para extremar las precauciones, debieron tomarse medidas para que los niños y las niñas no estuvieran ahí; si no era ese...
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