Los periodistas irritan más a la autoridad que al narco
| Autor | Jesús Cantú |
La reacción de las autoridades es prácticamente idéntica en todos los casos y, desde luego, éstas siempre asumen que los ejecutores de los periodistas son miembros de la delincuencia organizada. La intervención del presidente Enrique Peña Nieto en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-go), el pasado miércoles 17, refleja dicha posición:
"De cara a los retos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos."
Sin embargo, olvidan que, de acuerdo con las investigaciones de la organización de la sociedad civil Artículo 19, 53% de las agresiones son perpetradas por funcionarios públicos, no por el crimen organizado, con lo cual se derrumba el discurso oficial.
Pero, más allá de las estadísticas, vale la pena repasar algunos eventos significativos que no dejan muy bien paradas a las autoridades responsables de brindar garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en México.
En 1994, como director del periódico sinaloense Noroeste, estaba publicando un reportaje seriado sobre las andanzas del entonces capo del Cártel de Sinaloa Héctor Luis El Güero Palma, cuando una noche llegó a mi oficina Óscar Rivera Izunza -el reportero que había elaborado ese trabajo y que lamentablemente fue acribillado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de septiembre de 2007. Él estaba muy asustado porque en la entonces Policía Judicial le advirtieron que las publicaciones habían provocado el enojo del narcotraficante e implícitamente le ordenaban que las interrumpiera cuando todavía faltaban dos partes del reportaje.
Las primeras preguntas que le hice fueron: "¿Quién está enojado: la policía o El Güero? ¿Quién les dijo a ellos que estaba enojado?". Y sin esperar respuesta continué: "Es aberrante que los mensajeros sean los responsables de lograr su detención".
Trece años después, ya como colaborador de este semanario, me enteré de que el 24 de mayo de 2007 Ramón Pequeño, entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), le informó al director de esta publicación que esa dependencia había detectado un plan del crimen organizado para atentar contra el reportero Alejandro Gutiérrez por reportajes que el compañero publicó en la revista (Proceso 1592 y 1593).
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