Pensión universal proporcional. Una propuesta para México
| Autor | F. Alejandro Villagómez Amezcua - Gabriel Darío Ramírez Sierra |
| Cargo | Profesor investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas - Asistente de investigación de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas |
| Páginas | 839-874 |
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PENSIÓN UNIVERSAL PROPORCIONAL
Una propuesta para México*
F. Alejandro Villagómez Amezcua
y Gabriel Darío Ramírez Sierra**
RESUMEN
La cobertura de pensiones contributivas en México es baja, y la alta movilidad entre
el mercado laboral formal e informal conduce a bajas densidades de cotización que
no garantizan acceder a una pensión mínima. El Estado ha creado programas de
transferencias, pero cuyo diseño puede desincentivar la formalidad. Este trabajo
propone una pensión proporcional y condicionada a la participación en empleos for-
males reemplazando las transferencias de monto jo de estos programas, siguiendo
la experiencia reciente en Chile. Utilizamos el diseño propuesto por Valdés-Prieto
(2008), el cual minimiza las distorsiones en el mercado laboral. Bajo el supuesto de
trayectoria lineal de ingresos, nuestra estimación arroja incrementos promedio en
el valor total de las pensiones de 45.6% y un ahorro scal de 14.8% con respecto a
otorgar la transferencia no contributiva como el programa “65 y más”.
ABSTRACT
Contributory pension system coverage has been historically low. High mobility
between formal and informal sector results in low contribution density which does
not guarantee a minimum pension. The state has created cash transfer programs,
* Palabras clave: pensiones no contributivas, sistema de ahorro para el retiro, seguridad social, pen-
siones alternativas, programas asistenciales para adultos mayores. Clasicación JEL: H55, H53, I38.
Artículo recibido el 19 de junio de 2013 y aceptado el 3 de septiembre de 2013.
** F. A. Villagómez Amezcua, profesor-investigador de la División de Economía del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (CIDE) (correo electrónico: alejandro.villagomez@cide.edu). G. D.
Ramírez Sierra, asistente de investigación de la División de Economía del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) (correo electrónico: gabriel.ramirez@exalumnos.cide.edu).
EL TRIMESTR E ECONÓMICO, vol. LXXXI (4), núm. 3 24, octubre-dici embre de 2014, pp. 839-874
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which can disincentive formality. This paper proposes a proportional pension for
formal employees, which replaces the xed cash transfer, following the experience
of Chile (2008). We follow the Valdés-Prieto approach (2008), which minimizes la-
bor-market distortions. Under the assumption of linear income trajectory, we show
that the total value of pensions can increase in 45.6% on average, and scal savings
in 14.8% when compared to a non-contributory pension programas “65 y más”.
INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas el tema de la viabilidad nanciera de los siste-
mas públicos de pensiones ha estado en el centro de las discusiones en
todo el mundo. En los países desarrollados la preocupación principal se cen-
tra en las enormes presiones scales que generan, particularmente en el con-
texto de la crisis scal y nanciera reciente, por lo que la respuesta ha sido
recurrir a reformas paramétricas para aumentar las contribuciones y la edad
de retiro así como reducir benecios. En los países en desarrollo, y particu-
larmente en América Latina, la problemática es un poco diferente. A pesar
de que la estructura demográca de estos países está aún dominada por una
población joven, el cambio demográco se ha acelerado. Aunado a esto, se-
rios problemas de diseño y la falta de generación de reservas han conducido
a que muchos de estos países hayan reformado sus sistemas de pensiones,
sustituyendo los esquemas de reparto y benecios denidos por esquemas
de capitalización total y cuentas individuales, siendo Chile el país pionero
con su reforma de 1981. Sin embargo, el problema de la seguridad social en
materia de protección del ingreso para la población adulta mayor es mucho
más complejo en la región debido a la baja cobertura, los niveles de po-
breza y la existencia de una alta informalidad. Durante la última década, la
respuesta a esta problemática ha sido la creación de programas sociales (no
contributivos) de transferencias monetarias a la población adulta mayor,
que, si bien ayudan a mitigar la pobreza en el corto plazo, no resuelven el
problema de largo plazo, y requieren crecientes recursos públicos; además,
estudios recientes sugieren que terminan incentivando la informalidad.
En México, el proceso de reformas se inició a mediados de la década de
los noventa. En 1995 se aprobó la sustitución del principal programa de re-
parto y benecios denidos, ofrecido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a trabajadores del sector formal privado mediante un esquema
de capitalización total, cuentas individuales y administración privada, mis-
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mo que comenzó el 1º de julio de 1997. En esta misma línea, se reformó en
2007 el segundo programa más importante que corresponde a los trabaja-
dores del sector público federal agrupados en el Instituto de Seguridad So-
cial y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque el cambio
no fue obligatorio para los trabajadores en activo. También se han modi-
cado programas contenidos en los contratos colectivos de algunas entida-
des públicas importantes, como es el caso de los trabajadores del IMSS o de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aún existen muchos otros
con esquemas de benecios denidos (gobiernos y universidades estatales
principalmente). Sin embargo, más de la mitad de la Población Económica-
mente Activa (PEA) no está cubierta y muchos de los que reciben cobertura
tendrán derecho, en el mejor de los casos, a la pensión mínima garantizada
(PMG) y otros ni siquiera a ésta debido a las bajas densidades de cotización
como consecuencia de la alta movilidad entre el sector formal y el informal.
La baja cobertura junto con los aún altos niveles de pobreza condujo a
una creciente implementación de programas de transferencias y apoyos a la
población adulta mayor en el país durante la última década. Como se do-
cumenta en Villagómez y Ramírez (2013), un programa pionero fue el de la
pensión alimentaria para adultos mayores del Distrito Federal en el 2001,
pero el más importante, denominado “70 y más”, se creó en 2007. Aunque
en un principio su población objetivo estaba constituida por individuos de
70 años o más en localidades con hasta 2 500 habitantes y no cubiertos por
ningún otro programa, con el tiempo se fue ampliando para convertirse en el
programa insignia de ese gobierno. En la actualidad cubre a individuos de 65
años o más y el requisito de localidad ya no existe. En el 2012 registró a más
de 2.8 millones de personas a los que otorgó un apoyo de 500 pesos mensua-
les. Sin embargo, muchos estados han implementado programas propios, lo
cual ha generado ineciencias, duplicidades y una alta fragmentación.
Es importante señalar que el sistema de pensiones contributivas en Méxi-
co también se encuentra fragmentado, de tal forma que la generación de
estos programas no contributivos de transferencias ha llevado a mayor frag-
mentación y una importante dualidad en el sistema de seguridad social. En
este contexto, existe una literatura reciente que sugiere que estos últimos
terminan incentivando la informalidad y el uso ineciente y creciente de re-
cursos públicos. Cabe señalar que este fenómeno no es exclusivo de México
y se observa en otros países de la región, y es lo que llevó a que Chile reali-
zara una nueva reforma en 2008 en su sistema de pensiones.
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