Peña, fiel a su plan de impunidad
| Autor | Jesús Cantú |
El 6 de noviembre de 2014, en un intento por anticiparse y controlar los daños que produciría la divulgación de la operación mercantil y financiera entre Juan Armando Hinojosa Cantú y la esposa del presidente, el gobierno federal revocó el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio encabezado por una empresa del gobierno chino y en el que participaba la Constructora Teya, de Grupo Higa, propiedad de Hinojosa.
El 9 de noviembre se publicaron en este medio y se divulgaron en el portal Aristegui Noticias los detalles de la operación y tres meses después, el 3 de febrero de 2015, el mandatario finalmente nombró un titular de la Secretaría de la Función Pública, pues hasta esa fecha al frente de dicha dependencia se encontraba Julián Olivas Ugalde, subsecretario encargado del despacho. En su toma de posesión, Virgilio Andrade Martínez recibió en voz del mismo presidente la encomienda de integrar un expediente y resolver si existía o no una ilegalidad en dicha operación. Como era de esperarse, Andrade concluyó que todo se había realizado conforme a la ley.
El 26 de febrero, tres semanas después de la designación del titular de la Función Pública, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la incorporación de la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) como uno de los elementos centrales del mismo, pero también sin atribuciones reales y como parte de un Comité Coordinador que comparte con seis servidores públicos.
Al día siguiente renunció a la Procuraduría General de la República Jesús Mu-rillo Karam y en su lugar fue designada Arely Gómez González, quien en el Senado había sido una de las interlocutoras más activas con las organizaciones de la sociedad civil para la reforma anticorrupción. El titular de la PGR era pieza clave para el SNA, pues en un transitorio de la reforma constitucional ya aprobada se convertiría en automático en Fiscal General cuando se aprobara la legislación secundaria, y le correspondería la designación del fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, que integra el Comité Coordinador del SNA.
El 21 de julio de ese mismo año, Andrade dio a conocer el resultado de su investigación y exoneró al presidente de cualquier irregularidad administrativa. Un año después, el 18 de julio de 2016, se promulgaron la Ley del SNA, así como otras siete leyes vinculadas al mismo. En un acto histriónico, el...
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