Panista y perredistas, en la misma
| Autor | José Gil Olmos |
En los últimos días la atención se ha centrado en la larga lista de priistas acusados de corrupción, abuso de poder o vínculos con el crimen organizado. Partidos de oposición exigen que se les aplique la justicia, pero tanto en el PAN como en el PRD hay por lo menos 46 personajes importantes que enfrentan situaciones similares, sin que nadie o casi nadie los señale como parte de la descomposición de la clase política mexicana.
Si bien es cierto que en el PRI hay más de 30 personajes de primer nivel involucrados en denuncias y acusaciones de corrupción, desvío de recursos y narcotráfico -21 exgobernadores, entre ellos-, en el PAN la Comisión Anticorrupción tiene en su haber 26 denuncias pendientes contra funcionarios o dirigentes del partido, mientras que en el PRD la Comisión Nacional Jurisdiccional tiene pendientes 20 procesos, algunos de ellos de exalcaldes vinculados con el crimen organizado.
Dichos procesos irresueltos no son sólo recientes. Algunas denuncias se remontan a casi 20 años, si bien se han ido acumulando con celeridad en últimas fechas.
En octubre de 2002 la reportera Carina García le preguntó al exdiputado federal panista Amador Rodríguez Lozano si eran ciertas las sospechas de que el cártel de los Arellano Félix apoyaba a los candidatos de su partido en Baja California desde que el extinto presidente municipal de Tijuana, Carlos Montejo, apareció en 1989 en unas fotos con Benjamín Arellano.
"Yo siempre he pedido esta indagación del PAN en los distintos niveles de responsabilidad, desde diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, pero no sólo con el narcotráfico, sino con el tráfico de indocumentados e incluso con tratantes de blancas y las zonas de tolerancia, porque estas vías han sido siempre su caja chica para hacer campañas políticas", dijo Rodríguez Lozano a la reportera.
De hecho, años más tarde -en 2012- el priista David Lozano Pérez, presidente de la XX Legislatura de Baja California, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara a los exgobernadores de extracción panista Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por enriquecimiento ilícito.
Aseguró que se tenían pruebas de que Ruffo recibió 500 mil dólares procedentes del narcotráfico durante su campaña, particularmente de los Arellano Félix. El panista respondió casi de inmediato y retó al PRI a demostrar las acusaciones.
En 2001, el mandatario panista de Mo-relos, Sergio Estrada Cajigal, fue vinculado con el Cártel de Juárez. La diputada y dirigente del PRI en la entidad, Maricela Sánchez Cortez, lo acusó de tener una relación con Nadia Esparragoza (hija de José Espa-rragoza Moreno El Azul), a quien supuestamente paseaba en helicóptero.
Tres años más tarde, al descubrirse una red de policías ministeriales que daban protección a dicho cártel -especialmente a...
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