PLAZA PÃBLICA / Derechos humanos aquà y allá
| Autor | Miguel Ãngel Granados Chapa |
Louise Arbour cumple hoy 61 años de edad. Acababa de cumplir 57 cuando el 20 de febrero de 2004 fue elegida por la Asamblea General de la ONU Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su antecesor, Sergio Vieira de Mello, había caído en Bagdad en agosto anterior, víctima de la violencia desatada por la ocupación norteamericana, en un atentado con bomba en que además de la suya se perdieron 21 vidas más. La jueza canadiense, integrada a la Suprema Corte de su país desde 1999, había sido fiscal en los tribunales internacionales sobre los crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Pero antes de ocupar cargos en la judicatura de Ontario y de Canadá, y en el ámbito internacional, había sido una abogada activista, en la Asociación Canadiense de Derechos Civiles, de que fue vicepresidenta.
Estuvo aquí cuatro días en la semana que termina hoy. Invitada por el gobierno mexicano, firmó el convenio que extiende la permanencia de la delegación en México de su oficina de la ONU, establecida en julio de 2002 y que actuará aquí hasta el 30 de noviembre de 2012. Del martes al viernes pasados se reunió con el presidente de la República, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con comisiones del Congreso, por un lado; y con una vasta red de organizaciones civiles dedicadas a la causa que ella representa en el más elevado nivel internacional. Su visita osciló entre la suavidad y discreción del trato diplomático, y la crudeza con que oyó y juzgó el preocupante estado de los derechos humanos en México.
Ocupó buena parte de su atención el despliegue de tropas dedicadas a combatir la delincuencia organizada, que sin embargo conlleva como cauda hasta ahora inevitable la violación a garantías de las personas. Tan presente estaba esa preocupación en torno a la visita de la funcionaria internacional, que el 6 de febrero el presidente Calderón se sintió obligado a cerrar el discurso con que la recibió en Los Pinos con una referencia al tema. Sus palabras no fueron necesariamente veraces, pues contrastaron con la publicación del Programa Sectorial de Defensa Nacional que consagra la permanencia militar en actividades policiacas hasta el final de este sexenio. En cambio, a la Alta Comisionada dijo Calderón esperar que "el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra criminalidad sea cada vez menos necesario", que su labor es "subsidiaria", y que en la medida en que avance "la organización de las instituciones civiles en su...
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