Los oscuros flujos de efectivo

AutorJesús Cantú

El 25 de junio el Partido Acción Nacional denunció la existencia de los monederos electrónicos de Monex; la reacción inmediata del PRI fue negar los hechos y señalar que era un infundio más de sus opositores. Sin embargo dos días después el Instituto Federal Electoral detectó que las dos tarjetas que presentó el blanquiazul pertenecían a una cuenta que tenía 70.8 millones de pesos y 9 mil 924 tarjetas asociadas.

Esa confirmación despertó más suspicacias y el PAN solicitó que se congelara la cuenta, pues evidentemente no estaba a nombre del PRI y se estaba utilizando para enviar dinero a su estructura electoral. Esto lo confirmaron los mismos priistas el 19 de julio, aunque afirmaron que se trataba de gasto ordinario y trataron de desvincularse de cualquier responsabilidad, con el pretexto de que ellos contrataron el servicio con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, SA de CV.

Pasada la jornada electoral las denuncias del Movimiento Progresista se vinieron en cascada. Primero el 4 de julio presentaron facturas de dos compañías que también compraron monederos electrónicos: Grupo Comercial Inizzio y Comercia-lizadora Efra, por 141 millones de pesos. Nuevamente el PRI negó los hechos.

Pero después de que el PRI reconoció su vínculo con Alkino, el administrador de ésta afirmó que ellos sólo fueron intermediarios y que quien operó fue Comerciali-zadora Atama, cuyos accionistas son Juan Óscar Fragoso Oscoy, fallecido hace dos años, y Ramón Paz Morales, que no tiene empleo fijo y se dedica a trabajos eventuales y diversos; pero además son los mismos que aparecen como accionistas de Grupo Comercial Inizzio.

Esto arroja todavía más dudas sobre la triangulación de recursos y la utilización de empresas "fantasma" para manejar dinero de la campaña electoral o al menos del gasto ordinario del tricolor. El Movimiento Progresista aportó nombres precisos de empresas vinculadas con dichos movimientos. Allí están, además de los ya señalados: Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y el particular Rodrigo Fernández Noriega.

Como sucedió con la primera denuncia del PAN, la autoridad -tanto la electoral como el ministerio público o las hacendarias- no tiene que hacer una pesquisa a ciegas, sólo tiene que rastrear la información precisa de esas empresas y verificar si existen suficientes elementos para considerar que las denuncias de los lopezo-bradoristas deben o no investigarse. No es mucho más que eso lo que tiene que demostrarse en estos momentos.

Apenas el...

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