Organizaciones sociales: Nuevos actores políticos en Guerrero
| Autor | Dulce María Quintero Romero - América Libertad Rodríguez Herrera |
| Cargo | Profesoras-investigadoras de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. |
| Páginas | 40-66 |
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El siglo XXI está enmarcado por la liberación financiera y las nuevas tecnologías. Las pautas que establece la globalización generan un fuerte impacto en las realidades locales, en donde a la par de las exigencias de mayor competitividad y desarrollo individual se integran redes humanas de solidaridad para enfrentar las consecuencias de los procesos de cambio que lejos de igualar oportunidades sólo expanden la pobreza.
Estas redes de acción social en Guerrero se ven fortalecidas por la larga historia de procesos de resistencia regionales, en los cuales de nueva cuenta emergen formas de organización novedosas que, desde diferentes frentes, articulan distintos escenarios para la vida pública. Los protagonistas de estos procesos son las organizaciones sociales.
La aparición de dichas organizaciones se vincula con una lucha contra el abuso y la opresión que a finales del siglo XX surgen en la entidad a raíz de una serie de acontecimientos, entre ellos: la guerra sucia para aniquilar al movimiento guerrillero de los años setenta; la activa participación política electoral de nuevos sectores de izquierda en los procesos de 1988-1989; la lucha del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas ( CNPNAB ) para suspender la construcción de una hidroeléctrica en su territorio a inicios de la década de los noventa; la movilización espontánea de los ciudadanos de Acapulco en la defensa de la reserva ecológica y recreativa del Parque Ignacio Manuel Altamirano en Papagayo en 1992; 1 la matanza de 17 campesinos del vado de Aguas Blancas por policías en 1995; la muerte de 11 personas, primor-Page 41dialmente líderes indígenas, por elementos del ejército en los hechos de El Charco el 7 de junio de 1998; así como el encarcelamiento y tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dirigentes de los campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero en mayo de 1999. Estos hechos acrecentaron el reclamo de justicia y activaron la participación de organizaciones de la sociedad civil en los espacios públicos.
La intervención de estos nuevos protagonistas en la vida política, antes ocupada por los partidos y sindicatos, es fundamental pues representa no sólo un espacio de reclamo y denuncia ante un desarrollo injusto, sino también una propuesta clara de cómo la sociedad articulada demanda una mayor participación en la agenda pública mediante la activación de movimientos sociales que, llenos de particularidades y rasgos distintos, confluyen en una lucha por el reclamo de sus derechos humanos.
Frente a las condiciones adversas que ofrece el escenario neoliberal, esta nueva oleada de luchas se manifiesta de manera clara en la acción del movimiento indígena por el reclamo de su autonomía y su permanencia en un mundo intercultural; en el movimiento campesino que, además de buscar nuevas condiciones de supervivencia, emprende la defensa de su territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales; en el movimiento ecologista, predominantemente rural, que asume la defensa de los bosques y de los espacios naturales frente a un turismo voraz; y en el movimiento a favor de los derechos humanos que se consolida a partir de la operación de una red de organizaciones de la sociedad civil.
Lo valioso de este proceso es que quienes participan en estos movimientos no operan ni desarrollan su lucha de manera independiente; por el contrario, entrecruzan y conjugan su acción social tanto al interior como al exterior de la región. Además, presentan un común denominador: sus acciones se fundamentan en la propuesta a favor de los derechos humanos, ante la cual resulta necesario asumirse como sujetos de derecho, capaces de participar en acciones concretas que les lleven a impulsar un desarrollo regional más justo en esta entidad.
En el siglo XXI , los indígenas de Guerrero han logrado superar el aislamiento que les impuso un territorio agreste y difícil en el que por años permanecieron confinados. Esta circunstancia territorial, a la par de laPage 42existencia de cacicazgos e injusticias, también permitió que se desenvolviera con mayor facilidad su lucha de resistencia. 2
Así, luego de un importante proceso organizativo a partir de la década de los noventa –en el marco que les ofreció la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los europeos a tierras mexicanas y el surgimiento del movimiento zapatista–, nahuas, amuzgos, mixtecos, tlapanecos y demás grupos de indios y no indios de Guerrero emprendieron un movimiento en busca de nuevos esquemas de desarrollo sustentados en sus derechos ambientales, culturales y colectivos, partiendo de una participación comunitaria que los acercara a una racionalidad ambiental, propuesta que intentan hacer realidad en proyectos de desarrollo comunitario. 3
Para alcanzar este objetivo, ahora están dispuestos a enfrentar a la autoridad y construir nuevos procesos de entendimiento profundo en una lucha a veces pausada, pero siempre constante y decidida que merece ser retomada. 4
Con la cancelación de la presa de San Juan Tetelcingo en el Alto Balsas (suspendida en octubre de 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari), que los llevó a proponer proyectos de desarrollo para la región 5 y a constituir el proyecto de autonomía indígena denominado Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –conocida públicamente como Policía Comunitaria–, 6 los indios de Guerrero entendieronPage 43que podían pasar de los reclamos a los hechos y emprendieron entonces la discusión para la elaboración de la Agenda Estatal de Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas en el 2005, en la que demuestran los avances de su trabajo comunitario y dejan claro que son ellos quienes están dispuestos a asumir las pautas que determinen su presente y futuro, confrontando las políticas indigenistas que han sido rebasadas no sólo por las demandas de los pueblos indígenas y las limitaciones presupuestarias para atenderlas, sino también por la incompetencia para desarrollar programas que respondan a las necesidades contemporáneas de los pueblos indígenas en el marco de la globalización y el neoliberalismo.
El movimiento indígena no sólo reclama subsidios y apoyo. Están dispuestos a ser ellos quienes determinen el aprovechamiento y el destino de la riqueza biótica que han salvaguardado desde hace muchos años. Unos pugnan por que se respete su decisión de llevar a cabo procesos para el aprovechamiento racional de los recursos; otros se oponen a lo que consideran la “mercantilización de la biodiversidad” y quieren hacer valer el derecho a participar de una parte de la regalías de los procesos de etnobioprotección, como la comunidad de Carrizalillo, que recibe recursos por las acciones de protección que realiza. 7
Para ello han emprendido una lucha abierta y decidida por hacer valer su autonomía, sobre todo en lo que se refiere a la facultad que les asiste en el diseño de estilos particulares de vida. De este modo, se han dado a la tarea de instrumentar formas particulares de organización social –como la Policía Comunitaria de la Costa Montaña– que en la mayoría de los casos chocan con el sistema jurídico mexicano, a la par que propugnan por las elecciones libres para sus autoridades (policías comunitarios, presidentes, comisarios municipales, comisarios ejidales).
Las acciones para la defensa de la soberanía sobre su territorio han puesto de manifiesto sus convicciones autonómicas, las cuales, aunquePage 44se expresan en estos modestos movimientos locales, sustentan demandas de profundas raíces cuyas repercusiones pueden modificar las fronteras regionales, pero sobre todo nos acercan a una utopía capaz de movilizar la acción social hacia la construcción de una nueva racionalidad productiva y un proyecto alternativo de civilización.
Como lo expresaron en el Encuentro Indígena, Campesino y Popular:
[…] luchamos por cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas que están generando la pobreza y la desigualdad que sufre el pueblo, por tener una vida digna y no tan desigual y lograr que los gobiernos respeten a los pueblos y su mandato, por impedir que el gobierno destruya la cultura indígena y la cultura de resistencia popular a través de sus programas educativos y con la implementación de programas de supuesta ayuda y libre mercado [...] la lucha es contra un sistema de mercado capitalista […] y también contra los partidos políticos electoreros, que aseguran la continuidad de este sistema capitalista y desigual, de su mercado libre y del neoliberalismo.
En su lucha, los indígenas han tenido que enfrentar obstáculos como las secuelas de la persecución del movimiento guerrillero en sus zonas, primero en el periodo de la década de los setenta en Guerrero, y luego con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( EZLN ), del Ejército Popular Revolucionario ( EPR ) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ( ERPI ), lo que ha propiciado la presencia del ejército en sus comunidades, según asegura la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos Humanos:
[…] en la Montaña y en la Costa Chica se da un ambiente de hostigamiento, persecuciones y detenciones contra los pobladores indígenas [...] oficialmente se maneja que el ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos, sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe la organización independiente.
Las acusaciones de los indígenas a elementos castrenses se han tornado más directas en los últimos años y van desde la violación a indígenas (como los casos reportados en febrero y marzo de 2002 en Ayutla de Los Libres), hasta el...
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