Oprobio carcelario

AutorJorge Carrasco Araizaga

Los delincuentes de "alta peligrosidad" recluidos en los penales federales en el sexenio de Felipe Calderón resultaron ser en su mayoría traficantes menores o consumidores detenidos en flagrancia y sus capturas no resultaron de la investigación policial, de la que alardeó su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Escasearon las órdenes de aprehensión; se abusó del arraigo; fue común el traslado de los detenidos a cuarteles militares, separos y hasta sitios clandestinos antes de ser presentados ante el Ministerio Público federal; los sentenciados carecieron de una defensa adecuada y ya internados fueron amenazados y maltratados. La tortura no faltó.

En su mayoría los recluidos son jóvenes con escasa educación, provenientes de un contexto violento, y en el caso de las mujeres, muchas están sentenciadas por delitos contra la salud, incluso en una proporción mayor que la de los hombres.

Tal es la realidad que deja ver la primera encuesta aplicada en los centros federales de readaptación social y que evalúa la política penitenciaria del gobierno de Calderón, quien no escatimó recursos para los penales federales como parte de su llamada estrategia contra la delincuencia organizada.

De acuerdo con el libro blanco de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el sexenio pasado se gastaron 35 mil millones de pesos en ese rubro.

La encuesta estuvo a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y se realizó entre junio y julio del año pasado sólo entre la población sentenciada, que representa la mitad de los internos de los penales federales. De ellos, seis de cada 10 purgan penas por delitos contra la salud.

Mientras que 57.6% de los hombres dijo estar pagando condena por esa causa, la cifra se eleva a 80% en el caso de las mujeres: Ocho de cada 10 reclusas en los penales federales fueron sentenciadas por delitos contra la salud.

Pero a diferencia de lo que machacó la propaganda calderonista, la mayoría de los detenidos y sentenciados no eran grandes capos ni parte del liderazgo intermedio de los cárteles de la droga. Más aún, ni siquiera fueron condenados por pertenecer a algún cártel.

De los condenados por delitos contra la salud, cuatro de cada 10 (33.5%) fueron condenados por posesión, narcomenudeo y consumo, mientras que sólo 14.6% fue condenado por delincuencia organizada. "El alto porcentaje de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta preocupante pues sugiere una...

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