Oportunista, la "ley de víctimas" de Calderón
| Autor | José Gil Olmos |
Durante los diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en junio y septiembre del año pasado, Felipe Calderón ordenó a su gabinete elaborar una ley para las víctimas de la violencia -no del delito, precisó entonces- como prioridad para atender a miles de afectados.
Medio año después la Secretaría de Gobernación dio un giro a la orden presidencial y unilateralmente, sin tomar en cuenta al Movimiento ni a quienes trabajaban una propuesta desde hacía medio año, anunció que ya tiene lista una iniciativa de Ley General de Atención a Víctimas del Delito que deja fuera las propuestas de especialistas y de las familias de los muertos y desparecidos.
Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró este albazo del gobierno calderonista como "una falta a la verdad, una traición a la palabra", y advirtió que sería un error presentar una iniciativa de ley con un afán más electorero que de justicia, sin castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades José Antonio Pérez Bravo, subpro-curador jurídico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), confirmó la semana pasada al diario Reforma que ya tenía lista la Ley General de Víctimas del Delito, lo que sorprendió al Movimiento por la Paz y al equipo de juristas que el gobierno federal contrató a mediados del año pasado -por conducto del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)-para trabajar la iniciativa respectiva.
Ninguno de ellos esperaba la noticia del funcionario, quien dijo que dicha propuesta se centraría en las "victimas del delito" y no en las de la delincuencia o de la violencia porque para atender a estas últimas, dijo, ya existe Províctima.
En cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, manifestó que éstas tendrían que ser reguladas en otra vía, por una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución.
Según Pérez Bravo, en la iniciativa se prevé un registro nacional de víctimas del delito y un fondo con partida presupues-tal, mientras que la atención legal, emocional y médica se daría independientemente de la sentencia.
"Es impresionante que el gobierno esté más preocupado por tener un registro del robo y pérdida de autos que uno cabal y actualizado de las víctimas de la violencia y del delito, así como de los desaparecidos. Eso nos habla de que a este gobierno no le interesan las víctimas", sostiene Álvarez Icaza.
Agrega que cree probable que el gobierno de Calderón actúe igual que cuando creó Províctima: sin previo aviso, en medio de las pláticas con el Movimiento por la Paz y mediante un decreto, pese a que no tenía presupuesto, instalaciones ni personal calificado (Proceso 1824).
"Sería un error con sabor a engaño porque hay una confianza depositada y que no está siendo respetada", advierte en entrevista el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Álvarez Icaza admite que se pueden entender los tiempos y las presiones, "pero lo que queda claro es...
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