La cooperación social voluntaria
| Autor | Roberto García Jurado |
| Cargo | Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, UAM-X |
| Páginas | 93-109 |
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La mayor parte de las teorías contractualistas pueden ser criticadas desde las más diversas perspectivas teóricas y, en términos generales, algunos de sus postulados fundamentales adolecen ciertamente de consistencia y firmeza. Sin embargo, hay algo en lo que coinciden la mayor parte de sus muchos críticos: en reconocer el gran valor de su teoría de la legitimidad política, lo cual es, además, uno de los méritos principales de esta corriente.
El contractualismo plantea que para que la ley, el orden público y, en sí, el propio Estado sean reconocidos como legítimos, no basta que la mayor parte dePage 94 los ciudadanos otorguen su consentimiento; es necesario que cada uno de los miembros de esa sociedad, es decir, cada individuo, los acepte y respalde. Incluso algunas teorías contractualistas van más lejos, pues no consideran suficiente que los individuos acepten indiferentemente el orden social en el cual viven; el requerimiento no se satisface con el hecho de que las manifestaciones exteriores de su conducta hagan pensar que están de acuerdo con él, esto no basta, la legitimidad debe interiorizarse, partir de la propia conciencia individual: en su fuero interno el individuo debe avalar cada una de las instituciones públicas como si él mismo decidiese crearlas.
La teoría neocontractualista de John Rawls comparte esta virtud con las teorías clásicas del contrato social. En su concepción, las principales instituciones políticas y sociales deben ser consideradas legítimas por cada uno de los ciudadanos. No basta que una minoría potentada o una mayoría aplastante se declaren conformes con un determinado orden social para que éste sea aceptado, se requiere sólo que la más ínfima y miserable minoría se oponga; es suficiente incluso que un solo individuo se declare en desacuerdo para que dicho ordenamiento pierda la legitimidad que busca el contractualismo.1
Adicionalmente, si bien la teoría de Rawls comparte esta virtud con otros planteamientos del mismo tipo, no comete algunos de los errores más comunes de varias teorías de esta corriente, particularmente de las que profesan el liberalismo, las cuales centran su atención exclusivamente en el individuo y en su defensa, siendo que, históricamente, las grandes mayorías son las que normalmente han sido el objeto de la vejación y la injusticia.
Es innegable que también para Rawls ése es su punto de partida, el individuo y sus derechos, razón por la cual se le considera un miembro distinguido de la larga tradición del liberalismo político, sin embargo, aunque esa sea una de sus premisas principales, desarrolla su teoría de tal modo que al final termina proponiendo una estructura que se apoya en un riguroso esquema de justicia social, el cual busca corregir las más graves desigualdades que sufren los sectores menos favorecidos de la sociedad.2
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No obstante, la legitimidad que pretende alcanzar el contractualismo significa en realidad fundar el orden social sobre la unanimidad de los miembros de la sociedad, busca alcanzar el consenso unánime y activo de todos los ciudadanos, lo cual no solamente parece bastante complejo, sino que además es uno de los rasgos de esta teoría que ha suscitado más objeciones y críticas.
En efecto, en el terreno de la política nada hay más inasible y engañoso que la unanimidad, la cual se presenta más bien de manera esporádica y excepcional. Además, hay quienes consideran que en cuestión de opiniones políticas la pluralidad no es una limitación o una contingencia indeseable, sino un valor en sí mismo, al cual no hay que evadir sino incluso promover. Desde ese punto de vista, la búsqueda de la unanimidad despierta sospechas y suspicacias, pues se considera que una intención de este tipo pertenece más bien a los objetivos de un régimen cuyo autoritarismo raye en el totalitarismo, o bien, que sea tan idealista hasta llegar a bordear el utopismo.3
De hecho, en la historia y en la actividad política cotidiana lo más común es la discordia de intereses y la diversidad de opiniones, por lo que la unanimidad sólo se presenta de manera incidental y azarosa. Siendo así, cabe preguntarse ¿cómo pueden hablar de unanimidad los contractualistas? o, más específicamente ¿a qué se refieren realmente con ello?
Aquí, tanto Rawls como varios de los neocontractualistas y los clásicos del contractualismo (Hobbes, Locke, Rousseau) coinciden en establecer dos planos o dos niveles en la escala del consenso: uno en el que se requiere la unanimidad y el otro en el cual opera la pluralidad.
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Para el contractualismo clásico, el acuerdo unánime debía estar presente únicamente en el acto de fundación, en la aceptación del orden social resultante del tránsito que conduce del estado de naturaleza a la sociedad civil. En cambio, en los términos de Rawls, el requisito de la unanimidad debe aplicarse a las principales instituciones sociales y políticas; a lo que él llama la estructura básica de la sociedad. Esto significa que solamente las instituciones vitales del contrato social son las que deben aprobarse por unanimidad, esto es, por todos y cada uno de los miembros.
Sin embargo, uno de los problemas más complejos de la teoría es identificar cuáles son esas instituciones sociales básicas, ya que al intentar definirlas y fijarlas, puede suceder que no disfruten del reconocimiento unánime de una sociedad. En realidad, las culturas y sociedades que componen la humanidad están diferenciadas a tal grado que con toda seguridad las instituciones básicas de algunas de ellas divergen e incluso se oponen a las de otras. Y esto es lo que sucede con el mismo Rawls, pues cuando trata de ejemplificar lo que considera instituciones básicas alude a algunas de las que son típicas de la cultura occidental, tales como la protección jurídica de la libertad de pensamiento y conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción o la familia monogámica. Es decir, cuando Rawls imagina cómo sería la estructura básica de la sociedad que se construiría a través del contrato social que propone, no puede desprenderse de su propia perspectiva, e imagina una sociedad occidental, moderna y liberal.4
El segundo nivel de consenso está referido al resto de la normatividad necesaria para que la sociedad funcione, particularmente a la actividad cotidiana del gobierno, para lo cual no es necesario que se llegue a la unanimidad. En estos casos basta que se aplique la regla de las mayorías, y que las decisiones adoptadas por el mayor número de ciudadanos sean obligatorias para todos. Esto es, sólo el primer tipo de instituciones, a las que Rawls llama la estructura básica de la sociedad, deben ponerse fuera del alcance de las mayorías y colocarse al resguardo de la aprobación unánime.
Esta pretensión de fundamentar la legitimidad del Estado en el consenso unánime le ha valido a Rawls y a otros contractualistas una tormenta de críticas. En particular, la teoría de Rawls ha sido calificada de iluminista, lo cual se debe, fundamentalmente, al papel que en ella desempeña la racionalidad del ser humano y su aplicación para encontrar el orden social correcto, justo. Sin embargo, el nivel dePage 97 abstracción que pretende alcanzar Rawls en la búsqueda de las instituciones sociales básicas sobre las que todo individuo debía concordar, se ve seriamente limitado por la imposibilidad de aislarse completamente de su propia perspectiva histórica y social, de su contexto liberal, moderno y occidental.5
No obstante, quizá la parte más interesante y llamativa de la teoría de Rawls no sea esta búsqueda de la unanimidad y la consecuente protección y defensa del individuo frente a los posibles atropellos de la mayoría. Tal vez sea mucho más digna de atención la versión positiva de esta defensa: plantear la legitimidad política como la búsqueda de un orden social que el hombre no considere una contingencia indeseada, una fatalidad del destino, esto es, buscar que este orden reúna tales características que el individuo se adhiera a él de manera voluntaria. Lo anterior equivaldría a conseguir que cada uno de los ciudadanos que conforman la sociedad se comportaran como si ellos mismos hubiesen podido elegir entre varios tipos de sociedades y, al final, conscientes de su decisión, hubieran preferido la que tienen.6
En realidad, no es posible disociar un aspecto del otro. La ética kantiana de la que se nutre Rawls tiene esa característica: referirse a la autonomía moral del individuo para acentuar su especificidad, pero simultáneamente llevarlo a tal grado de abstracción a través del imperativo categórico que sus principios de acción se vuelvan principios universales, por lo tanto, unánimes.7
Empero, ésta es una ficción utilizada por el contractualismo que ha sido igualmente objeto de críticas y descalificaciones. El hecho histórico y social es irrefutable: los individuos no eligen ni pueden elegir la sociedad y el orden político en el que viven. Los Estados no son asociaciones voluntarias de individuos, sino que son organizaciones políticas dentro de las que se nace, y de manera inconsciente e involuntaria los hombres están obligados a someterse a la normatividad existente. Más aún, mien-Page 98tras que dentro del Estado existen asociaciones a las que se accede voluntaria y libremente, con la conciencia y el propósito de sujetarse a su reglamentación interna, el Estado es, por el contrario, un orden político que cuenta entre sus recursos con el uso de la coerción física para obligar a aquellos que se muestren renuentes a respetar sus leyes.8
Pero esta crítica es muy elemental, y el propio Rawls así como los contractualistas clásicos se han adelantado a responderla. Rawls acepta, claro está, que el contrato social y la libre adherencia a una sociedad es una ficción, pero insiste en que la utilidad de esta...
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