El nuevo integrismo mexicano
| Autor | Diego Valadés |
En el caso del PAN no sorprende, porque su trayectoria es la de un partido conservador; pero el PRI construyó por décadas una imagen liberal que hoy han abandonado muchos de sus integrantes. El argumento de que se trata de una decisión tomada en cada estado por los priistas locales es desconcertante, porque denota que el PRI está dejando de ser una organización política nacional para convertirse en una federación de cacicazgos, y porque está girando hacia el clericalismo que por mucho tiempo combatió. Ambos partidos han impulsado una reforma confesional en 18 entidades cuya población asciende a más de 50 millones de habitantes; alrededor del 50% del total nacional. Debe reconocerse, empero, que esa mutación priista todavía no ha tenido costos en sus proyecciones electorales. La Consulta Mitofsky indica que en noviembre pasado las preferencias favorecían al PRI en 41.4%, frente al 19.4 del PAN y al 6.7 del PRD.
Con independencia de las variaciones demoscópicas, es indispensable ahondar en el examen de los efectos de las reformas constitucionales locales. Hasta ahora se han analizado sus dos principales consecuencias: La naturaleza del Estado está transitando de la secularidad a la confesionalidad, y se están violando la Constitución federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, mediante medidas discriminatorias, limitaciones a la libertad, agravios a la dignidad y penas inusitadas en perjuicio de las mujeres. La magnitud de esos ataques a los derechos fundamentales no ha permitido que advirtamos otro aspecto, comparativamente menor pero también trascendente: los partidos están poniendo en entredicho el sistema representativo.
En 1994 se adoptaron la controversia constitucional y la acción de inconstitu-cionalidad como medios de defensa de la Constitución. La legitimación para promoverlas corresponde sólo a entes públicos: órganos del poder federal, estatal o municipal, partidos políticos y fracciones de los congresos. Esta situación implicó nuevos derechos para las minorías en los congresos y nuevas responsabilidades para los titulares de los órganos del poder. Todo parecía satisfactorio hasta que comenzamos a ver que, con excepción de Baja California y el Distrito Federal, las comisiones de derechos...
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