El nuevo desarrollo social
| Autor | Miguel Ángel Vite Pérez |
| Páginas | 123-148 |
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El nuevo desarrollo social
LA ADMINISTRACIÓN gubernamental del desarrollo social implica
la gestión de diversas dimensiones del bienestar social, lo cual
posibilita la universalización de los derechos sociales. En este
sentido, los derechos sociales garantizan el bienestar colectivo,
pero su realización depende de las acciones de gobierno a través de
planes y programas (la llamada política social), lo que necesariamen-
te se relaciona con las inversiones que ayudan a crear las condicio-
nes materiales para cumplir con los objetivos derivados de dichos
derechos. Desde esta perspectiva, los derechos sociales se trans-
forman en protecciones para los individuos que sufren los infor-
tunios de la economía de mercado, en otras palabras, buscan aten-
der no solamente las situaciones de precariedad relacionadas con
el desempleo y la pobreza, sino favorecer el consumo de los bienes
y servicios considerados como parte del desarrollo de las capacida-
des individuales que permiten la cohesión social.
Lo anterior constituye el punto de partida para analizar el
enfoque que existe en la política social establecida por el jefe de
gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador,
que contradice el principio universal derivado de los derechos
sociales, porque no se han creado las condiciones materiales para
su institucionalización y ante dicha insuficiencia se han apoyado
los programas de tipo asistencial dirigidos a determinados grupos
sociales (definidos por su edad, estado civil, condición económica).
Esto significa una forma de discriminación para los individuos, que
por no poseer las características definidas por los mismos progra-
mas, quedan fuera de sus beneficios y, en un contexto de precarie-
dad institucional de los derechos sociales, reproduce la desigualdad
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social; al mismo tiempo, la falta de vivienda adecuada para los
grupos sociales pobres de la capital no solamente contradice el
derecho a la vivienda (artículo 4o. de la Constitución),122 sino que,
a su vez, protegiendo las llamadas áreas de reserva ecológica, lo li-
mita ante las amenazas que le representa la expansión de los asen-
tamientos de los pobres de la ciudad de México. Esto en parte es
resultado del hecho de que el gobierno de López Obrador privilegió
el fomento, por encima de la construcción de vivienda en áreas urba-
nas subutilizadas de la ciudad para la demanda no solvente.
Cabe mencionar que este ensayo no pretende realizar una
evaluación exhaustiva de dichos programas sino reflexionar sobre
el significado que adquiere el asistencialismo, en un contexto de
desigualdad social donde un partido de izquierda gobierna por
primera vez la ciudad capital de México.
LAS PROPUESTAS DEL NUEVO GOBIERNO
EL JEFE de gobierno electo en julio de 1997, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, estableció a través del Programa General de Desarrollo
1998-2000 (p. 19), los objetivos específicos para la incorporación
activa de la ciudadanía en la toma de las decisiones y además el
uso del diálogo y la negociación como un medio de resolución de
conflictos entre los diversos grupos de la población. El primer obje-
tivo se cumplió realizando foros temáticos para la difusión de
información, a través de trípticos, de las acciones que ejecutaba
el gobierno,123 para cumplir con el segundo objetivo, se pusieron
en marcha medidas de atención a las demandas de los comercian-
122 “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley esta-
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1998: 9).
123 Aquí se incluyeron las acciones más diversas como foros sobre la reforma política en
la ciudad de México, de corresponsabilidad, campañas de educación cívica, consultas públicas
sobre los programas parciales de Desarrollo Urbano, la celebración del Día de los Reyes Magos para
lo cual se elaboró la rosca más grande del mundo, con una extensión de 1,750 metros y 86 cm
de ancho, repartida a un millón de personas, hasta el número de manifestaciones, donde se esta-
bleció que durante el primer semestre de 1999 se realizaron 425: 53.2 por ciento eran quejas
contra el gobierno federal y el 46.8 por ciento tenía que ver con el gobierno de la ciudad de
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