Donde se nombra a los ausentes
| Autor | José Gil Olmos |
Los primeros días de abril pasado, en la plaza de armas de Cuernavaca, un grupo de jóvenes puso una libreta sobre una mesita e invitó a las familias de víctimas de la violencia a denunciar los casos que los aquejaban. Entonces se organizaban las primeras protestas por el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia -hijo del poeta Javier Sicilia-, y se iban anotando los primeros datos que con el paso de los días fueron acumulándose en las hojas de esa libreta de tapas rojas.
Seis meses después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dejó atrás esa libreta. Ahora tiene archivos digitalizados de 512 casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones en todo el país, pero los integrantes de su Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares prevén que el número crecerá, porque diariamente hay por lo menos una denuncia nueva.
Ante este incremento, el movimiento pretende integrar una red y realizar un congreso nacional de víctimas para fortalecer a los grupos que trabajan desde hace años, realizar un diagnóstico más claro de cómo se expresa la violencia de la guerra contra el narcotráfico en distintas regiones y facilitar que las familias afectadas se conviertan en actores del cambio social y en defensoras de los derechos humanos.
Los 512 casos están debidamente documentados para darles seguimiento ante las autoridades y los tribunales. Son el reflejo de la violencia que se ha recrudecido en el marco de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, ya que en los últimos siete meses ocurrieron casi 4 mil muertes y una cantidad aún desconocida de desapariciones a manos de bandas criminales y de autoridades coludidas con ellas.
"Nos están vigilando"
Muchas familias llegaron solas y temerosas a denunciar sus casos en las marchas, caravanas y mítines que desde abril organizó el movimiento ciudadano liderado por Javier Sicilia. Otras han acudido a los centros de reunión: las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social y las instalaciones del Servicio para la Paz. Todas son víctimas desatendidas o ignoradas por las autoridades.
Uno de los primeros casos se registró el 5 de mayo, en el arranque de la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México. Esa mañana llegaron a la Glorieta de la Paz un matrimonio y su joven hija; llevaban fotos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su hijo, desaparecido el primer día del mes. Con miedo aún se acercaron a los organizadores y a otras víctimas del norte del país que empezaban a participar en el movimiento. Denunciaron que el muchacho había sido detenido por la Policía Estatal en la feria de la ciudad y entregado a soldados de la XXIV Zona Militar, pero ninguna autoridad respondía a sus reclamos de presentación.
A partir de entonces el expediente de Ramsés fue retomado por organizaciones internacionales. Dos meses después fueron detenidos dos soldados que confesaron haber torturado y asesinado al joven, a quien acusaban de formar parte del cártel del Pacífico Sur.
Otro caso ocurrió el pasado 10 de septiembre, en el centro de Chilpancingo. Ese día dos mujeres, un hombre y un niño vestían playeras blancas estampadas con el rostro de un joven...
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