No alcanza la honestidad valiente para enfrentar la impunidad
| Autor | Ricardo Raphael |
Durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado el país sufrió crisis económicas recurrentes que arrasaron con el patrimonio de millones de personas. No fue hasta que resolvimos una política económica atinada que las cosas comenzaron a cambiar.
Pero casi de inmediato sucedió otra crisis, la de la violencia y la inseguridad. Desde entonces de poco ha servido la política criminal destinada a combatirla.
Los distintos gobiernos han producido mucho ruido y pocas nueces: discursos grandilocuentes, reformas sobrevaloradas, golpes mediáticos, notables delincuentes juzgados por el tribunal de la opinión pública, cárceles sobrepobladas, policías corruptas y políticos asociados con las peores mafias.
En revancha, la fatiga y también la indiferencia asaltan el ánimo de la inmensa mayoría. Se cuentan por miles las comunidades que ya se resignaron a convivir con la violencia y los violentos porque dieron por descartado que el Estado tenga capacidad para cambiar las cosas.
Mengua día con día la esperanza que sí despertó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, cuando se comprometió a desterrar la corrupción.
Se hizo pronto evidente que no alcanza la honestidad del mandatario para domar al monstruo. Sin menospreciar lo que vale, es obvio que se requiere de mucho más para lograr que la violencia escampe.
Así como no bastaría contar con un secretario de Hacienda decente para podar la hidra de la hiperinflación, tampoco alcanza un secretario de seguridad o un fiscal decentes para que la curva de homicidios se aplane.
La violencia tiene como causa principal una política criminal largamente desconectada de la realidad.
La evidencia disponible dice que la inmensa mayoría de los delitos cometidos en México están exentos de castigo o, lo que es lo mismo, están protegidos por la impunidad institucional.
Los malos resultados de la política criminal pueden valorarse a partir de sus cuatro componentes: contexto social para la comisión de delitos, investigación criminal, judicialización y ejecución de sentencias.
En el México del siglo XXI, el contexto de las conductas delictivas está determinado por el control territorial de las organizaciones criminales y por una desigualdad que lastima, sobre todo, las oportunidades de las poblaciones más jóvenes.
El segundo eslabón del fenómeno se halla en manos de la policía dedicada a la investigación y en los agentes del Ministerio Público responsables de integrar las carpetas que luego serán...
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