El neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario
| Autor | María Guadalupe Huerta Moreno |
| Páginas | 121-150 |
María Guadalupe Huerta Moreno. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. Dirección electrónica: jarumi@prodigy.net.mx
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El Estado benefactor constituyó el marco preciso para la construcción de un proyecto económico basado fundamentalmente en una economía pública que serviría para legitimar y brindar consenso respecto de las acciones de gobierno. Ese proceso se interrumpe a principios de la década de 1970, cuando el contexto económico e ideológico mundial cambia radicalmente y se abren espacios para el resurgimiento de las propuestas económicas y políticas contrarias a la figura estatal y a la acción pública. A partir de ahí, uno de los aspectos más relevantes, por las consecuencias sociales que trajo consigo, es la restructuración estatal que se dio por el tránsito del Estado benefactor en los países desarrollados —el Estado intervencionista en los de menor desarrollo— a lo que genéricamente se ha dado en llamar Estado neoliberal.1
Ello no sólo modificó la percepción acerca de la importancia de las actividades públicas y del papel que la iniciativa y el capital privados debían tener en la economía, sino que añadió de manera particular el progresivo deterioro de los vínculos político-sociales que existían entre el ejercicio del poder público y de la gestión gubernamental, por un lado, y la atención a las demandas sociales, por el otro. Para analizar ese proceso, identificando sus principales rasgos económicos e ideológicos, así como para exponer su influencia en el caso de México, se preparó el siguiente trabajo.
En la primera parte se hace una revisión sucinta de los elementos que permiten delinear lo que se conoce como Estado benefactor y la réplica que del mismo se hizo bajo la forma del Estado interventor. Esto nos sirve como base para analizar cómo se fue configurando, en términos de arreglos institucionales, funciones y actividades, el Estado mexicano a fin de llevar a cabo los cometidos públicos y asegurar las condiciones para apoyar el proyecto de desarrollo capitalista nacional. En la segunda parte se exploran algunos de los cambios económicos, políticos e ideológicos de la transición del Estado benefactor al Estado neoliberal. Esta reflexión es importante y nos permite abordar, en la tercera parte, cómo es que los argumentos —que en los países desarrollados se utilizaronPage 123 con el propósito de cuestionar al Estado benefactor— se reprodujeron en lo interno para impulsar el tránsito del Estado interventor y el Estado subsidiario, el mismo que ha orientado la economía hacia la consolidación de estructuras de mercado altamente concentradoras, en tanto que se restringen los recursos y las actividades públicas destinadas al beneficio social. Al final se exponen algunas ideas a modo de conclusión.
El Estado liberal anteponía los intereses de la burguesía al resto de las clases sociales en la promoción de las condiciones de acumulación, justificándose en términos de “la reivindicación de los derechos naturales del hombre y del novísimo ciudadano: libertad, igualdad, propiedad y seguridad”.2 Este Estado destruyó la vieja estructura social y política del Estado absolutista enarbolando los principios de legalidad para poder asegurar el monopolio del uso de la fuerza y garantizar la seguridad y los derechos de propiedad de los individuos, así como vigilar que las relaciones laborales y mercantiles entre los “ciudadanos libres e iguales” se realizaran sin obstaculizar la buena marcha del comercio y de la naciente industria. Esto se traducía en que las clases sociales y los factores de la producción debían asumir obligadamente el papel que les correspondía para alentar el progreso del capitalismo. El Estado liberal hizo de las propuestas del liberalismo económico su estandarte y su guía. Con esto, la libertad económica se convirtió en uno de los valores supremos, y en la condición sine qua non para avanzar en la realización de actividades vinculadas al interés público.3
La salida a la gran crisis de los años treinta del siglo pasado, con sus secuelas de depresión y paro, se produjo con el incremento de las inversiones y el gasto público. Esto mejoró el nivel de renta y contribuyó a crear una visión positiva acerca de los beneficios que las acciones del Estado tenían para la sociedad. La idea detrás de esto era que si el Estado podía fomentar la acumulación de capital y la rentabilidad privada, también era capaz de crear los medios de consumo social necesariosPage 124 para lograr la satisfacción de las demandas que iban surgiendo de una sociedad en constante crecimiento. Así, desde el punto de vista social se aceptaba que la gestión pública propiciara, mediante los instrumentos y los recursos económicos a su alcance, la disminución de la brecha existente entre los ingresos de las élites más poderosas y las masas populares, por lo que se aceptaba que parte de los recursos públicos se utilizara para aminorar la supremacía del capital sobre la fuerza de trabajo y “de esa forma atenuar las desigualdades sociales provocadas por el funcionamiento del libre mercado”.4
Es decir, se reconoció que con una política económica activa se podían alcanzar varias metas. Por una parte, favorecer el desarrollo de las industrias y los mercados, al mismo tiempo que contribuir a mejorar el empleo y las condiciones de vida de la población y, por otra parte, ampliar las opciones de participación democrática con el desarrollo del sistema de partidos y la promoción del voto.5 A este orden de cosas se le conoció como Estado benefactor.
Para alcanzar sus objetivos se dio a la tarea de crear un pacto entre los diferentes actores económicos y sociales. De ahí que permitiera participar a las clases trabajadoras en los diseños contractuales y en los planes de desarrollo industrial, alentando en paralelo la integración de estructuras sociales y políticas que pudieran incidir en la formulación de los programas públicos. En ese mismo sentido, para asegurar el compromiso de las clases más favorecidas económicamente con las propuestas de gestión pública del Estado benefactor, se otorgaron apoyos fiscales, productivos y financieros al capital y se incorporó la burguesía a la estructura de poder. El resultado de ese gran pacto social fue que el desarrollo acelerado del capitalismo se alcanzó en un contexto caracterizado por un importante margen de bienestar social, donde la retribución pública a cada grupo o clase se expresaba en inversiones y gastos que, traducidos en plantas, tecnología, infraestructura y políticas sociales, incrementaron la productividad y las ventajas competitivas de las empresas.
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De esa forma, en un ambiente social e ideológico propicio no era extraño que en países como Austria, Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia o Estados Unidos, el Estado benefactor —que se consolidó con la revolución keynesiana—6 interviniera directamente en la economía a fin de modificar la distribución del ingreso proporcionando sistemas de seguridad social, creando los marcos de regulación de las actividades económicas, interviniendo en la composición de la oferta y la demanda agregadas, así como prestando servicios y bienes públicos de uso generalizado. Lo anterior se complementaba con esquemas de asistencia basados en transferencias y servicios públicos extensivos que beneficiaban a la población en su conjunto, sin descuidar la lógica de acumulación del capitalismo maduro. De ahí que la participación estatal en el financiamiento y la ejecución de programas sociales o en la actividad industrial o el fomento agrícola, además de considerarse como una obligación del poder público, daba una connotación progresista a las acciones públicas y legitimaba el ejercicio del poder político. Esto facultó al Estado para hacer valer su posición hegemónica frente a las distintas clases e incorporar a la población, por medio de la participación colectiva, en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder mediante procesos democráticos.
Así, la aceptación de que el mercado tenía fallas —las actividades privadas podían generar externalidades negativas, asumir características monopólicas y oligopólicas que en términos de precios y costos siempre eran cargados a los consumidores, o bien que podían existir asimetrías de información que afectaban la toma de decisiones de los individuos— y que su libre funcionamiento no aseguraba una mejor distribución del ingreso ni una adecuada acumulación privada, justificaba la expansión de las funciones públicas y la intervención del Estado en las actividades económicas, por lo que en un ambiente de expansión de la economía mundial, donde la rentabilidad del capital productivo y la tasa de ganancia estaban en ascenso, el Estado benefactor pudo desplegar todas sus capacidades de gobierno.
El Estado mexicano se convirtió, desde la figura del Estado Social de Derecho creada en 1917, en el punto de encuentro de los distintos intereses y en el centro de objetivación de las transformaciones económicasPage 126 y sociales. Su objetivo fundamental se construyó ampliando las funciones estatales a través de la estructura económica y administrativa creciente. En paralelo, comenzó a utilizar políticas fiscales y monetarias expansivas no sólo para hacer frente a las fluctuaciones económicas y reforzar el...
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