¿Necesitamos una ley general de ciberseguridad en México?

AutorErick Tavares Robledo
CargoSocio Fundador de Tavares & Tavares Law Firm
Páginas12-14
12 | Foro Jurídico
¿NECESITAMOS
UNA LEY GENERAL
DE CIBERSEGURIDAD
EN MÉXICO?
En 2017 el Poder
Ejecutivo emitió
la Estrategia
Digital Nacional
cuyo objetivo
era fortalecer
las acciones
en materia de
ciberseguridad
y mejorar las
capacidades de
seguridad en el
ciberespacio.
Erick Tavares Robledo
Socio Fundador de Tavares & Tavares Law Firm
ABOGADO
DIGITAL
Actualmente, el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) en los sectores público y privado
es indispensable, basta imaginar alguna oficina que pueda
desempeñar sus funciones sin una computadora con internet.
Es por ello que, al existir esta necesidad de estar conectados,
la cual se incrementó en un 200 % debido a la pandemia que
vivimos, que ha multiplicado el riesgo de sufrir ataques a los
sistemas computacionales, ocasionando con ello grandes pérdidas
económicas, por lo que debemos pensar en resolverlo con una
regulación en materia de ciberseguridad.
Desde hace algunos años, el tema de la ciberseguridad ha
estado presente en México. Por ejemplo, en 2017 el Poder
Ejecutivo emitió la Estrategia Digital Nacional que contó con
la participación de la Organización de Estados Americanos y
cuyo objetivo era, además de fortalecer las acciones en materia
de ciberseguridad, mejorar las capacidades de seguridad en el
ciberespacio para un mejor aprovechamiento de las TIC en los
sectores público, social y privado.
Por otro lado, desde el ámbito legislativo se han promovido al
menos 12 iniciativas de Ley y de reformas a otras leyes, con el fin
de crear diversas instituciones encargadas de la ciberseguridad,
la participación de los tres órdenes de gobierno, así como el
establecimiento de un catálogo de delitos en la materia.
No obstante lo anterior, ya sea por falta de seguimiento a
la estrategia mencionada o por la falta de consenso para la
aprobación de las iniciativas señaladas, estos esfuerzos no han
logrado materializarse ni consolidarse como un verdadero
mecanismo para hacer frente a las amenazas de la ciberseguridad
que todos los días enfrentan los sectores público, privado y social,
al menos como un marco mínimo de actuación frente a estos
eventos.

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