Mitos y realidades de la Comisión Nacional Anticorrupción
| Autor | Mario Ismael Amaya Barón |
| Páginas | 52-56 |
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Desde el régimen de renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid, con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación,1no se experimentaba un cambio integral, como el que se propone con el presidente Enrique Peña Nieto, en materia de combate a la corrupción.
Son tres reformas propuestas por el actual presidente de la República en materia de corrupción y transparencia: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (CNA); la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para conocer de asuntos de los estados y municipios, y la creación de una instancia ciudadana para vigilar la compra de publicidad oficial en los medios de comunicación.
Nos detendremos sobre la primera reforma, ya que la propuesta de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, a cargo de Emilio Lozoya Austin, hoy director general de Petróleos Mexicanos, comenzará a regir en el momento en que la corrupción pone en grave crisis la estabilidad de los entes públicos, necesaria para el funcionamiento de los servicios públicos.2Fiel a sus compromisos de campaña, Peña Nieto presentó una propuesta para cambiar la estructura del gobierno federal,3y así cumplir su promesa de mejorar la atención de temas prioritarios y atacar la corrupción.
No obstante que la propuesta es acep-table, la iniciativa presentada por el PRI debe ser pulida, porque pareciera enfocarse únicamente en las consecuencias de la corrupción y no en su significado y las causas que la provocan.4
Para enfrentar a la corrupción se debe establecer un plan nacional anticorrupción, debiéndose apoyar en las convenciones internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA o la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Una de las líneas de acción del gobierno encabezado por Enrique Peña enfatiza el combate a la corrupción, cuyos niveles se estiman en 9 por ciento del PIB. Para ello ha propuesto, entre otras medidas, la creación de un sistema nacional contra la corrupción que instituya una comisión nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades por actos de corrupción. El autor analiza la reforma constitucional que conlleva esta propuesta.
La corrupción pública es una conducta (acción u omisión) antijurídica del deber especial que tiene el servidor público frente al Estado, para favorecerse indebidamente a sí mismo, o a un tercero, respecto de cualquier beneficio. El concepto de corrupción debe evitar tipos en blanco o indeterminados que atenten contra el Estado de Derecho Democrático, por lo que deben establecerse con precisión los tipos legales o las faltas administrativas de corrupción.
Para enfrentar a la corrupción se debe establecer un plan nacional anti-corrupción,5debiéndose apoyar en las convenciones internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA de 1996 o la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comer-ciales Internacionales de 1997.
Metodológicamente, se deben estudiar los factores que inciden en la corrupción; que pueden ser económicos, apoyados en las teorías de Bhagwati, Krueger y Susan Rose-Ackerman, que conciben a los políticos como buscadores y capturadores de rentas, es decir que éstos aprovechan para beneficio propio las estrecheces que se generan en el llamado mercado político, o través del enfoque de Robert Klitgaard, para identificar los factores de corrupción mediante la fórmula C=M+D-Orc, lo que significa: corrupción es igual a monopolio de las decisiones, más discrecionalidad, menos obligación de rendir cuentas.
Los antecedentes internos e inmediatos de la Comisión Nacional Anticorrupción se encuentran en la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, creada por el ex presidente Vicente Fox Que-
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sada, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2000, modificada mediante el "Acuerdo por el que se reforma el diverso que crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005.
A ésta le sigue la propuesta de creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, formulada en septiembre de 2011 por el senador panista Ricardo García Cervantes, en la cual se pretende adicionar el artículo 102 de la Constitución federal, para incorporar la fiscalía como órgano autónomo y con presupuesto propio, cuyo titular sería elegido por el Senado para ocupar el cargo durante ocho años. En Iberoamérica existen los casos de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción peruano de 2010, la cual investigó y llevó a la cárcel al ex presidente Alberto Fujimori y a su asesor, Vladimiro Montesinos.
En los trabajos de parto de la Comisión Nacional Anticorrupción, los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Lizbeth Hernández Lecona, y del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero Morales, respectivamente, presentaron el 15 de noviembre de 2012 la iniciativa que faculta al Congreso a expedir leyes para el combate a...
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