¿Militarizar o democratizar al Estado?
| Autor | Tonatiuh Guillén López |
En el siglo XXI, por decisión de las autoridades civiles del país, se les ha involucrado crecientemente en actividades de seguridad pública, atendiendo una función que corresponde, por mandato de ley, a autoridades civiles. Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, dicha intervención se asume precisamente por su extraordinaria lealtad y disciplina con la Presidencia de la República, no obstante que la tarea pueda desbordar su mandato o encuentre alguna tensión ante el marco jurídico. En especial, durante el gobierno de Felipe Calderón se impulsó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, abriendo un periodo que no ha concluido y que hoy está más que consolidado.
Para decirlo claro, el "rol ampliado" de las Fuerzas Armadas ha derivado de la franca incapacidad de las autoridades civiles para resolver la crisis de seguridad pública, que hoy es un asunto de extrema gravedad. No fue iniciativa del Ejército ni de la Marina. Es una alternativa que surgió ante la incapacidad, tolerancia o abierta complicidad de las autoridades civiles con eventos y organizaciones delictivas.
Ahora bien, esa incapacidad de la esfera civil del Estado -de los tres órdenes de gobierno- no es casualidad. Se trata de una distorsión acumulada, progresiva, de la clase política en su conjunto, que se expresa en el ámbito de la seguridad pública y en casi todas las demás áreas de la gestión gubernamental. ¿Dónde están las experiencias ejemplares de la administración pública, más allá de eventos o iniciativas individuales? Cada vez el horizonte se nubla más, en prácticamente todas las funciones y entornos de la gestión pública: la municipal, la estatal y la federal.
Es verdad que tenemos un gravísimo problema de corrupción, en gran medida derivado del deterioro de las élites políticas, que a su vez tiene por consecuencia el igual o mayor deterioro de la administración gubernamental. Por esta razón se descompuso el sistema de justicia y de seguridad pública.
La disyuntiva es entonces simple: ¿corregimos a la clase política o, en los casos graves, como es seguridad pública, pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas ante la incompetencia del ámbito civil? La respuesta del gobierno de Felipe Calderón y de los siguientes fue avanzar cada vez más por la segunda ruta.
No se ha optado por corregir a las élites políticas, pues las propias élites lo impiden. No se ha optado por fortalecer los instrumentos de control democrático, tanto en la definición de...
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