Ni militarización ni amnistía
| Autor | Jesús Cantú |
Esta semana se agudizó la presión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que el Congreso de la Unión apruebe su proyecto de Ley de Seguridad Interior, pese a las advertencias del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de varias organizaciones de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación dieron cuenta del pronunciamiento del aspirante a la Presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, de hacer "todo lo que se pueda" para lograr la paz del país, incluyendo una amnistía para los capos del narcotráfico.
El primer propósito es consecuencia de una decisión apresurada de Felipe Calderón como presidente, tomada el 6 de diciembre de 2006, de involucrar a las Fuerzas Armadas en el llamado Operativo Michoacán. El mismo mandatario reconoció en diciembre de 2008, en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula: "Fue hasta después del primer operativo conjunto en Michoacán, el 6 de diciembre, cuando verdaderamente descubrimos el enorme grado de penetración que el crimen organizado había tenido en las estructuras de poder en todos los ámbitos, municipal, estatal, e incluso federal".
Lamentablemente, a pesar de los pésimos resultados de esta estrategia de combate a la delincuencia organizada, tanto Calderón como su sucesor Peña Nieto se empecinan en mantenerla. Un dato resulta muy indicativo de lo que ha sucedido: en 2007 el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 8, y todo indica que en 2017 será de 27, la tasa más alta de la que se tenga registro.
Calderón fue el primero que habló de la importancia de crear una legislación que legitimara las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; sin embargo, fue Peña Nieto quien envió la iniciativa hace tres años. El pasado 1 de diciembre, con motivo de sus cinco años al frente del Ejecutivo federal, reconoció que a partir de los últimos meses de 2015 los índices delictivos retomaron la tendencia al alza.
Aun con la evidencia de sus propias estadísticas, el presidente persiste en su empeño de aprobar una ley que, de acuerdo con la ONU, "generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar las instituciones civiles y favorecería la consolidación del...
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